Santiago, Chile. En un ambiente de violencia, la Confederación de Estudiantes Universitarios (Confech) salió esta martes a las calles exigiendo la gratuidad total y a corto plazo para la educación superior.
Rechazan aceptar las restricciones presupuestarias que enfrenta el gobierno por los precios mínimos de las materias primas, en especial el cobre, principal exportación del país.
Los estudiantes habían solicitado permiso para una marcha, pero les fue denegado por las autoridades, argumentando los desmanes ocurridos durante el año que tuvieron su punto álgido en Valparaíso, el 21 de mayo con el incendio de dos edificios y la muerte de un cochero municipal, asfixiado por el humo, pasando por saqueos de comercios y destrucciones al interior de uno de los principales templos de Santiago, la Gratitud Nacional.
Los jóvenes tratan de llegar a la céntrica Plaza de la Ciudadanía y al cercano ministerio de Educación partiendo desde cuatro puntos de la capital. Las cuatro movilizaciones comenzaron con barricadas en llamas, desde temprano y bloqueos de calles.
En tanto, la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones) y la Confech enviaron delegaciones al Parlamento en Valparaíso -y donde también hay marchas y enfrentamientos-, en el primer día de análisis del proyecto de reforma a la educación superior, mientras los diputados inician el trámite para la desmunicipalización de la enseñanza media.
Todo indica que el proceso parlamentario en ambos casos será largo y disputado ardientemente, dada la falta de unanimidad al menos en ocho aspectos y la oposición cerrada de la derecha, siendo posible que esto se transforme en un tema prioritario de la próxima campaña presidencial. El oficialismo, sin embargo, se comprometió a que el cuerpo legal sea despachado durante el mandato de Michelle Bachelet.
La reforma global tiene varios acápites, cada cual con conjuntos de normas propias y con una discusión legislativa por separado. Los dos principales son la secundaria y el de la educación superior -clásica y técnica-, la gratuidad, el fin al lucro y la incorporación de la investigación como requisito esencial y prioritario de la formación de profesionales y expertos superiores; en cuanto a la educación secundaria, se busca retornar en la medida de lo posible los principios vitales del Estado Docente y el cese de la dependencia de los liceos de diferentes ramas de los municipios.
La Confech acusó que “el gobierno, entre cuatro paredes, está impulsando una reforma que consolida el negocio de la educación a costas de la educación pública como derecho”, rechazando que la gratuidad dependa de los indicadores económicos “inalcanzables”, mientras que el gasto militar se asegura con la ley Reservada del Cobre. Algunos sectores de la Nueva Mayoría apoyan que de ese fondo para armas salga en parte el dinero para facilitar el conocimiento, como herramienta de combate a la pobreza.
La iniciativa de La Moneda, propone una gratuidad progresiva y sanciona el lucro, cambiando los mecanismos de control de la calidad de la enseñanza impartida e imponiendo la investigación como labor universitaria indispensable para la existencia de los diferentes planteles. La casa de estudios que no obtenga la certificación respectiva, que será obligatoria, no recibirá aportes estatales. La certificación durará ocho años, con niveles de calidad diferentes y un periodo condicional transitorio, al que se podrá acceder sólo una vez.
Si se niega la acreditación, se nombrará un administrador provisional, cuya misión será lograr demostrar la calidad de los conocimientos que imparte y la efectividad de sus investigaciones. Si no se logra en un plazo de tres años, se procederá a su cierre.
La acreditación se basará en cinco áreas obligatorias: gestión institucional; sistema interno de gestión de la calidad; docencia y formación; investigación, creación e innovación; y vinculación con el medio. Hasta ahora, éstas dos últimas eran optativas. La acreditación la entregará el Consejo para la Calidad de la Educación Superior, que remplazará a las instancias actuales. Éste será un ente público autónomo, compuesto por once miembros, elegidos por el sistema de Alta Dirección Pública y sujetos a reglas de probidad. Habrá un nuevo sistema de admisión de alumnos a cargo de una subsecretaría de Educación Superior, en lugar del Consejo de Rectores, como hasta ahora.
La presidenta Michelle Bachelet indicó que esto implicará que se someterán a revisión las pruebas que se hacen a los postulantes y regirá igualmente para los institutos profesionales y centros de formación técnica, con mecanismos específicos de ingreso.
El proyecto también establece un trato especial para las universidades estatales, las que recibirán un financiamiento exclusivo, suprimiéndose varios trámites burocráticos que entraban su funcionamiento. Se creará además un fondo especial para la investigación, al que pueden optar todas las universidades gratuitas.
Las universidades estatales contarán con un gobierno, con la participación de la comunidad universitaria y del Estado. El rector será elegido únicamente por académicos, durará cuatro años y se limitará la reelección hasta por un solo periodo consecutivo.
Desde la Confech, el dirigente de la Universidad de Santiago, Patricio Medina, reiteró que no aceptan “la gratuidad por goteo, pues aspiran a asegurarla ‘como un derecho’ y al lucro como un delito”. Agregó “no dejarnos marchar o que lo hagamos sin permiso. Están jugando a quién rompe la ley primero”.
La parte más radicalizada de los secundarios, exige la renuncia de la ministra de Educación, Adriana Delpiano, desde la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), dado que no respondió a un ultimátum para la aceptación de sus demandas. Diego Arraño, su vocero, dijo que “la reforma a la educación superior ha sido la gota que rebalsó el vaso”.
