- Presuntos canjes estatales
- Reelección, tema duradero
- Ni con la firma de AMLO se diluye
Julio Hernández López
El caso Baja California sigue produciendo material político de baja estofa, en consonancia con las hechuras que buscan prolongar el mandato como gobernador del morenista Jaime Bonilla Valdez. Ahora ha sido el dirigente del Partido Acción Nacional, Marko Cortez, quien ha aportado una versión a destiempo y sin mayores pruebas de que la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, y la casi renunciante secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, habrían intentado canjear una gubernatura interina en Puebla por la extensión del periodo de mando en Baja California, considerando que dicha prolongación favorecería a quien fuera candidato de Morena al mando en la entidad norteña.
Hasta ahora, se trata de dichos. El panista Cortez se atiene a sus propias palabras y la morenista Polevnsky refuta en los mismos términos. La exdirigente empresarial agregó que el blanquiazul le habría propuesto que Morena no presentara candidato a la gubernatura interina luego de la muerte de Martha Erika Alonso en Puebla, para ceder cortesmente el paso a Acción Nacional que oficialmente había ganado la gubernatura de seis años: Yeidckol habría contestado que no, que eso solo podría suceder sobre su cadáver.
Por lo pronto, queda de manifiesto una ruptura en los términos convencionales de diálogo entre políticos profesionales que suelen explorar con la mayor soltura las más extremas, y a veces aberrantes, posibilidades de negociación en casos complicados, con la confianza de que esos diálogos crudos quedarán en la confidencia del oficio. Cortez aparece así como alguien que es capaz de revelar pláticas confidenciales para afectar a sus contrincantes aunque en ello se juegue la futura confianza de sus interlocutores.
En ese contexto, los entretelones que se sugieren, ciertos o falsos, exagerados o acotados, añaden elementos de polémica y duda en procesos tan accidentados (incluso en términos prácticos, aeronáuticos) como han sido los de Puebla y Baja California. En la entidad citada en primer término se aplastó política y electoralmente a Acción Nacional mediante una extraña alianza con segmentos priistas que permitieron colocar como gobernador interino a Guillermo Pacheco Pulido, miembro relevante del partido tricolor, quien facilitó el camino para el triunfo de Miguel Barbosa. En Baja California hubo una alianza entre el panismo del gobernador saliente, Kiko Vega, y el morenismo del amigo Jaime Bonilla Valdez, para garantizar tranquilidad al primero y continuidad de calendario al segundo.
La gran ironía es que con tanto esfuerzo por abatir las especulaciones sobre pretensiones reeleccionistas del morenismo y, en particular, del propio presidente López Obrador, el tema de la continuidad en el poder está más presente que nunca en una mesa de discusiones públicas precozmente montada y probablemente de duración prolongada.
Ni siquiera la firma ante notario público del compromiso de AMLO de no aferrarse a la presidencia satisfizo plenamente a sus encarnizados adversarios. A unos les pareció tramposo el fraseo utilizado, otros consideraron que ese compromiso notariado podría ser tirado al bote de la basura circunstancial si “el pueblo” le pidiera al tabasqueño que buscara más tiempo al timón nacional para completar sus proyectos y algunos más protestaron incluso por la discusión tan amplia de este tema cuando debería bastar la lectura de la Constitución para asumir que no habría cabida para intentos de mantenerse en el poder fuera de los plazos sexenales. Por lo pronto, “cancelado” mediante la mencionada firma del compromiso andresino, el tema de la reelección sigue en cartelera y probablemente seguirá a lo largo de la temporada sexenal, con funciones redobladas cuando se acerque el tramo final de la estancia de AMLO en la silla presidencial.
Al desgaste acumulado a lo largo de meses en que la inseguridad pública se ha disparado en la Ciudad de México (más allá de la nueva discusión sobre presunto “maquillaje” de cifras en la administración encabezada por Miguel Ángel Mancera), Jesús Orta, secretario de seguridad pública del gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum, agregó un despiste o acelere de consecuencias internacionales: de botepronto se aventuró a hablar de un móvil “pasional” en el caso de dos extranjeros asesinados en una plaza comercial chilanga, lo cual le llevó a realizar un desmentido por sí mismo pocas horas después y, luego, a aceptar que la doble ejecución está inscrita en un contexto más amplio y complejo, que implica la probable actividad de bandas extranjeras delictivas en la capital del país e incluso un riesgoso batidillo de actividades relacionadas con servicios de seguridad privada, espionaje y contraespionaje.
Lo que en un principio se trató de manejar como un asunto de venganza por infidelidades de pareja (aunque de inicio había suficientes elementos para no creer en la versión dada por la mujer detenida por tales hechos) fue identificado posteriormente por medios de comunicación de Israel como un acto preparado y ejecutado con precisión para asesinar a dos personas con antecedentes criminales, de las cuales una tuvo un papel relevante en el mapa de la delincuencia de aquel país.
El declarativamente muy veloz secretario Orta quedó mal parado por esa prontitud en intentar la colocación de una etiqueta menor (crimen pasional) en un tema que podría dar para un libreto cinematográfico sobre agencias de espionaje, capacitación extranjera de cuerpos de seguridad pública o privada e intereses económicos y políticos provenientes de ese submundo. También resultará interesante conocer los mecanismos mediante los cuales se expidió a los asesinados una acreditación de residencia temporal (a pesar de la existencia de antecedentes criminales en Israel) que incluye el permiso para trabajar, con vencimiento en marzo de 2022. ¡Hasta el próximo lunes!
