Arturo Huerta González
La política fiscal surgió con Keynes en 1936 para alcanzar el pleno empleo y para estabilizar el ciclo económico. Expandir el gasto público cuando la economía no crece y cuando está creciendo y puede rebasar el pleno empleo, se frena el gasto para evitar presiones inflacionarias. En cambio, con las políticas neoliberales instrumentadas desde los años ochenta del siglo pasado, la política fiscal se ha subordinado a los intereses del sector financiero y el gran capital que quiere equilibrio fiscal y reducir la participación del gobierno en la economía, lo que ha actuado contra el crecimiento económico y el empleo.
Las políticas monetaria y fiscal mantienen alta tasa de interés y superávit primario (donde el gobierno gasta menos de lo que recauda excluyendo el pago de la deuda) para atraer capitales para abaratar el dólar, y con ello las importaciones para bajar la inflación y aumentar la rentabilidad del capital financiero que ingresa al país, debido a que gana con la alta tasa de interés y al salir, el dólar lo compra más barato que cuando ingresó. La política seguida por el gobierno actúa en detrimento del sector agrícola y de la industria nacional, dado que contrae el mercado interno, incrementa el costo del crédito y al abaratar importaciones éstas desplazan a la producción nacional, incrementan el subempleo y el déficit de comercio exterior.
Las autoridades monetarias y hacendarias no dejan flotar al tipo de cambio tal como se estableció en 1995, sino lo aprecian a favor del capital financiero especulativo y de los que nos venden productos desde el exterior. Favorecen a los productores externos en detrimento de los productores nacionales, lo que reduce la inversión, la capacidad productiva y la generación de empleo formal. No proceden a establecer un tipo de cambio competitivo que favorezca a los productores nacionales, ni reducen la tasa de interés, ni incrementan el gasto público para dinamizar el mercado interno e impulsar la sustitución de importaciones, ni establecen controles de capital para evitar acciones especulativas al flexibilizarse la política económica.
Las políticas monetaria y fiscal instrumentadas en el país, dejan de ser soberanas y de cumplir los objetivos nacionales de crecimiento y empleo. Establecen altas tasas de interés, reducen el déficit fiscal y estabilizan el tipo de cambio para ser bien vistas por los mercados financieros y las calificadoras internacionales. Tales políticas no reducen la inflación, sino contraen la actividad productiva por lo que se reduce la productividad, aumenta la escasez de productos y siguen los precios altos. El menor crecimiento económico, disminuye el ingreso de empresas e individuos, aumenta los niveles de endeudamiento de éstos y les reducen su capacidad de gasto e inversión. El gobierno, por más austeridad fiscal, no logra equilibrar sus finanzas públicas, ni reducir la deuda. Por el contrario, ésta se ve incrementada por las altas tasas de interés existentes y la reducción de la recaudación tributaria, lo que reduce más su inversión y gasto; todo lo cual lleva a la economía al estancamiento y a mayor privatización y extranjerización.
Con la aprobación de la autonomía del banco central por el Congreso en 1993, se le quitó el control de la moneda al gobierno, por lo que no puede financiarse con ella, obligándolo a financiarse con impuestos. El gobierno habla de soberanía, pero no es capaz de modificar la ley orgánica de la institución monetaria para financiarse con su moneda y trabajar con tipo de cambio flexible para poder tener política monetaria y fiscal flexible para impulsar el sector productivo y empleo
A pesar del no crecimiento de la economía, donde traemos un crecimiento de 0.9% promedio anual de 2018 al 2025; el 55% de la población ocupada está en la informalidad; aumento de los problemas de insolvencia y el hecho de que el gobierno de EU presiona a México para que le compre más y le venda menos, no hay cambio de la política económica. Continúan las altas tasas de interés, el dólar barato y la llamada consolidación fiscal, por lo que mayores serán los problemas del país y no se alcanzarán las metas del Plan México de aumentar la inversión en relación con el PIB al 25% en 2026, ni llegará a ser la décima economía del mundo en el 2030.
El gobierno en vez de establecer controles al capital y a las importaciones, para poder establecer políticas a favor de la producción nacional y del empleo, opta por establecer políticas a favor del capital financiero y de las empresas que nos venden productos desde el exterior, por lo que se seguirá actuando contra los productores nacionales y el empleo
Al no haber perspectivas de crecimiento en el país y ante las barreras que EU está estableciendo para exportar a su mercado, menos inversión habrá en el país y el capital buscará otros países y espacios de inversión.
El crecimiento económico requiere mayor gasto público, baja tasa de interés y tipo de cambio competitivo, así como establecer aranceles a las importaciones para favorecer la producción nacional. De modificar la ley orgánica de Banxico, éste puede perfectamente comprar deuda pública a baja tasa de interés para que financie el gasto gubernamental y ello no sería inflacionario al impulsar la producción nacional. Se incrementaría así el ingreso de empresas, individuos y del gobierno, los cuales podrían hacer frente a sus deudas y reducirlas. Es el gasto el que genera el ingreso; la inversión genera el ahorro, por lo que el mayor gasto público se paga por sí solo al impulsar la producción y el empleo nacional, pero no hay voluntad política del gobierno de actuar a favor de lo nacional.
ahuerta@unam.mx
Profesor del Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM desde 1975
