Ciudad de México. Por octavo año consecutivo, “México es el país más peligroso para ejercer el sacerdocio”, establece el informe Tragedia y Crisol del Sacerdocio en México, 10 años de persecución, elaborado por el Centro Católico Multimedial (CCM).
En el reporte dado a conocer hoy se indica que en los últimos 26 años ha habido “61 atentados contra miembros de la Iglesia Católica, de los cuales 57 son crímenes arteros; y dos corresponden a sacerdotes que siguen en calidad de desaparecidos y dos a secuestros frustrados”.
El estudio agrega que “de 1990 a 2016 la lista la encabeza un cardenal (Jesús Posadas Ocampo), 41 sacerdotes, un diácono, cuatro religiosos, nueve laicos y una periodista católica.
Establece que en un cuarto de siglo los atentados contra representantes de la Iglesia, en orden de importancia, son perpetrados contra sacerdotes en 78 por ciento; laicos, 10 por ciento; seminaristas-religiosos, ocho por ciento; diáconos, dos por ciento; y comunicador o periodista católico también dos por ciento.
El porcentaje de atentado más usual corresponde a extorsión, secuestro, tortura y asesinato, en 44 por ciento de los casos; robo a parroquia, 35 por ciento; agresión en la calle, 15, y causa desconocida, seis.
De acuerdo al análisis de 1990 a 2016, los homicidios a integrantes de la Iglesia católica aumentaron 375 por ciento entre el actual sexenio de Enrique Peña Nieto, frente al primer periodo analizado, es decir, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.
“El saldo rojo de asesinatos visto por décadas refiere un aumento de 384 por ciento entre la presente década, frente al periodo de 1990 a 2000”.
En tanto, las amenazas de muerte contra sacerdotes mexicanos, en el último lustro, se incrementaron 113 por ciento y la tendencia de atentados en la modalidad de secuestro y tortura contra sacerdotes sigue al alza. “Se registra un aumento de 100 por ciento al cierre de 2016, comparado contra el tercer año de gestión de la anterior administración”.
El análisis realizado por el sacerdote Omar Sotelo Aguilar refiere que “el periodo de 2006 a la fecha, sin lugar a dudas, ha sido alarmante y devastador para los ministros religiosos en México, y lo ha sido, primero, porque revela que este fenómeno no ha sido atendido con seriedad por los gobiernos federales y municipales en turno, y segundo, porque se ve con claridad una inacción que se traduce en desprecio y desencanto a la libertad religiosa”.
Refiere que a un cuarto de siglo del asesinato del cardenal Posadas Ocampo, “el periodo de historia de 2006 a 2016, se puede, lamentablemente resumir, como letal, por la violencia desbordada, resultado de asesinatos, secuestros, extorsiones y robo a mano armada perpetrados bajo una perversidad sin limite en contra de los ministros sacerdotales y lugares sagrados en México”.
Comenta que en días pasados el actual nuncio apostólico en México, Franco Coppola, a través de su cuenta de Facebook, señaló “los altos índices de corrupción, violencia cruel e indescriptible, así como una desigualdad económica que vive el país, y aseguró sobre el riesgo de ser sacerdote o periodista en México, ya que el país ‘tiene el triste récord de ser el más peligroso para sacerdotes y periodistas'”.
El religioso comenta que en muchos casos de violencia contra sacerdotes no solo es el asesinato, sino también la difamación. En este sentido recordó el homicidio de tres sacerdotes en 2016.
Este -indica- “es doblemente dramático pues no sólo se les asesinó física y brutalmente, sino que se trató, usando vías institucionales y algunos medios de comunicación de los gobiernos municipales de Veracruz y Michoacán, para difamar con calumnias calculadas y bien armadas, la imagen de los sacerdotes afectados”.
“Tres sacerdotes violentamente despojados de su vida, dos secuestros frustrados a los sacerdotes Luis Antonio Salazar de la Torre, del municipio Guadalupe y Calvo en Chihuahua, y José Luis Sánchez, de la ciudad de Catemaco, municipio de San Andrés Tuxtla Veracruz, así como el asesinato de cuatro catequistas de la Ruana, municipio de Tomatlán Michoacán, han dejado al descubierto la incompetencia de las autoridades para brindar seguridad”, asevera.
