El Gobierno de México rechazó las acusaciones vertidas en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al calificar el informe sobre desaparición forzada de “tendencioso y falto de rigor jurídico”. Señaló que el Comité contra la Desaparición Forzada (CDF) omite los los avances contra desapariciones forzadas desde 2018.
Lo anterior ante la decisión del Comité de solicitar al secretario general de la ONU, António Guterres, que remita “urgentemente” la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General.
En un comunicado conjunto emitido por la Secretaría de Gobernación y de Relaciones Exteriores, la administración federal afirmó que rechaza el informe “por ser tendencioso y no tomar en cuenta las observaciones, análisis y actualizaciones presentadas por el Gobierno de México, las cuales demuestran que los argumentos no coinciden ni con la definición de desaparición forzada del propio comité, ni los avances institucionales logrados desde 2019 y en particular desde 2025”.
Destacó que el marco utilizado por el Comité “no corresponde a la realidad del México actual, que ha emprendido una transformación estructural en la materia”.
Las instancias federales apuntaron que, si bien se hace referencia principalmente a hechos ocurridos del 2007 al 2017, es decir, durante los gobiernos del panista Felipe Calderón, y del priísta Enrique Peña Nieto, y se enfoca en sucesos relacionados con cuatro estados (Coahuila, Nayarit, Jalisco y Veracruz), su decisión “es parcial y sesgada”, además de que no considera los esfuerzos institucionales presentados el pasado 27 de marzo.
“Lamentamos que haya rechazado estudiar la información actualizada proporcionada por el Estado mexicano antes de publicar su resolución”.
Asimismo destaca que el Comité -en los párrafos 117 y 118 del documento-, reconoce que “no existen indicios fundados de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil por acción u omisión”. Señalamientos que “reflejan la situación actual del país, diferente a la de periodos anteriores”.
Las dependencias federales consideraron que “la falta de rigor jurídico” en la argumentación del Comité, “así como la ligereza de sus premisas”, agravada “por conflictos de interés de algunos de sus integrantes… existe evidencia de que al menos uno de ellos trabajó para organizaciones que han presentado quejas en contra del Estado mexicano”.
Ratificaron que “el Gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas”, y recordaron que en la actual administración federal se impulsó y aprobó una reforma legislativa e institucional, en coordinación con colectivos de familiares, para atender este flagelo.
Derivado de ese diálogo, se aprobaron en julio pasado reformas a la ley en la materia, con herramientas y obligaciones que el Comité “no consideró debidamente”.
Entre ellas, enlistó la Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas; la obligación de abrir carpeta de investigación ante el primer reporte; la Base Nacional de Carpetas de Investigación; la Plataforma Única de Identidad; la obligación de fiscalías especializadas estatales; el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses, y el robustecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda con especialistas y equipo.
También se estableció la obligación de registros oficiales con datos mínimos de identificación; la coordinación garantizada entre comisiones de búsqueda, fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República (FGR), así como la incorporación de las comisiones de víctimas al Sistema Nacional de Búsqueda.
Al referir que el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha reconocido que México mantiene una política de cooperación cotidiana con los sistemas internacionales y regionales, valorado así por diversas agencias, añadió que “México está abierto a la cooperación técnica internacional, pero no a partir de premisas que no reflejan su realidad actual. Reafirmamos el compromiso absoluto de este gobierno con la erradicación de las desapariciones forzadas, el fortalecimiento de la búsqueda e identificación, y la garantía de verdad y justicia para las víctimas y sus familias, como parte central de la transformación nacional”.
Esta mañana el CDF solicitó a la Asamblea General para que ésta considere medidas destinadas a apoyar al Estado mexicano en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este delito.
No obstante, precisó que no encontró pruebas de una política a nivel federal para cometer desapariciones forzadas —ya sea mediante acción u omisión deliberada— en el sentido del Estatuto de Roma.
Sostuvo que también tomó nota de que la llamada guerra contra las drogas a nivel nacional en México -iniciada por el ex presidente Felipe Calderón- ha contribuido a las condiciones en las que se han producido ataques a nivel local; y de la postura de México de que muchas desapariciones en el país son perpetradas por grupos delictivos y no por agentes del Estado y, por lo tanto, no deben clasificarse como forzadas conforme al artículo 2 de la Convención.
Sin embargo, el CDF destacó que, en algunos de los casos denunciados, ha recibido información fundamentada que apuntaba a la participación directa de funcionarios públicos, o a su autorización, apoyo o aquiescencia.
Subrayó que, a la luz del artículo 5 de la Convención y del artículo 7 del Estatuto de Roma -del que México es parte-, las desapariciones forzadas también pueden ser cometidas por una “organización”, incluidos ciertos actores no estatales organizados, cuando “formen parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra la población civil”.
