Mariana Chávez
Querétaro. En el país se cometen detenciones de forma arbitraria, basados sólo por la apariencia de las personas, así lo reflejó el estudio Falsas sospechas, detenciones arbitrarias por la policía en México efectuado por la organización Amnistía Internacional en México.
La directora de Amnistía Internacional en México, Tania Reneaum Panszi, y Carlos Zazueta investigador de la misma organización, pidieron al Congreso que eliminen de la Constitución Política la prisión preventiva de oficio porque se cometen violaciones a los derechos humanos.
Reneaum y Zazueta indicaron que no existen estadísticas que refleje la problemática, pero el estudio empírico derivado de entrevistar de forma confidencial a 25 servidores públicos desde policías, jueces y magistrados de diversos puntos del país, reflejó que hay un patrón común en las detenciones arbitrarias. Son principalmente hombres jóvenes entre 25 y 41 años de edad con un estatus económico bajo.
Zazueta indicó que el objetivo de estudio realizado no era identificar si había estereotipos para que agentes policiacos realizaran las detenciones, sin embargo, los resultados reflejaron que hay un patrón que los “hombres jóvenes pobres son quienes son detenidos constantemente”.
“Cuando uno va a los centros penitenciarios del país, sí hay un estereotipo de la gente que está presa. No estamos hablando que los que están presos sean personas que tengan estereotipos de ser personas blancas, que tengan una connotación de ser de algún determinado extracto socioeconómico, el estereotipo que tenemos en la población penitenciaria es de la gente que tiene un color de piel, y un extracto social determinado” expresó Tania Reneaum, en la conferencia de prensa efectuada en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Querétaro.
Carlos Zazueta, narró el caso de José Adrián, un adolescente Maya de 14 años de edad, oriundo de Yucatán quien no escucha bien. Al salir de la secundaria vespertina fue detenido por policías municipales acusado de apedrear la patrulla. Fue golpeado y esposado a la pared. Los padres al enterarse, se comprometieron a pagar los daños de la patrulla con tal de que lo liberaran.
Zazueta también recordó el caso de José Humberto Márquez Compeán en Nuevo León, detenido por “parecer sospechoso” y que posteriormente fue localizado muerto, en cuyo caso hubo señalamientos de detención extrajudicial.
“No es un caso atípico y empezó porque a alguien le parecía sospechoso, no le gustó como se veía, no le gustó la ropa, quién sabe qué no le gustó y decidió detenerlo, y termina en una ejecución extrajudicial, una detención arbitraria”, expresó Zazueta.
Reneaum, indicó que como parte del estudio, detectaron que la detención arbitraria es una práctica “bastante cotidiana” que sirve al sistema penal para evidenciar o inventar casos, pues existe la siembra de arma y de drogas como evidencia y de esa forma lograr la prisión preventiva oficiosa, en lugar de investigar para responsabilizar a personas de cometer algún ilícito.
A través de los relatos de los servidores públicos de diversos puntos del país, así como testimonios de víctimas, recopilados entre abril de 2016 a mayo del presente año, detectaron que hace falta preparación de los elementos policiacos y brindar mejores condiciones salariales, que provoca que se utilice la detención arbitraria como “herramienta favorita”, enfatizó Reneaum.
Cuando es cometida la detención, la persona sospechosa no es informada sobre la causa de la detención, tampoco es informada la familia, y no hay registros sobre las condiciones de salud de las personas detenidas.
Basada en datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el país hay 250 mil personas detenidas, de cuyo número, 95 mil están procesados, además que el cuarto lugar de las quejas que registra esa dependencia es por detención arbitraria.
Los representantes de Amnistía Internacional, recomendaron a las autoridades de los diversos niveles, ofrecer salarios dignos y prestaciones laborales adecuadas a los elementos policiacos para que desempeñen su labor.
También exigieron que los elementos policiacos garanticen el derecho de estar informados sobre las razones de la detención, y que exista una base de datos sobre la situación de salud y los nombres de los agentes encargados de realizar la detención.
De no brindar esa información, se genera un “vacío” que “perpetua la impunidad” en el país, es por ello que exigieron investigar de forma diligente y no utilizar la prisión preventiva de oficio como “la reina de las pruebas”, sino que se implemente una nueva cultura jurídica basada en la comprensión de los derechos humanos y la investigación.
