Tibieza contra delincuencia
Sacudidas las instituciones
Compañerismo de Serrano
¿Qué le pasó a San Luis? Es la pregunta que ocupa la mente de quienes no tienen en sus manos la posibilidad de tomar decisiones y están preocupados por los incrementos en la corrupción, asesinatos, robos y feminicidios. Que la ciudadanía no se siente segura ya es una realidad innegable que; además, va en aumento, según los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública.
La consulta fue realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y según sus resultados en la capital potosina la percepción de inseguridad entre sus habitantes empeoró en los últimos tres meses. 78.1 por ciento de los ciudadanos mayores de 18 años dijeron no sentirse seguros. Lo peor es que las actividades más comunes como acudir a un cajero, un parque, caminar por las calles, recorrer mercados o transitar por carretera son las que efectúan con mayor temor.
Sin embargo, los encargados de la seguridad llevan meses apostándole a ganar en los medios lo que han sido incapaces de garantizar en las calles. La tibieza con la que se han conducido únicamente ha servido para que los grupos delictivos que operan en el estado incluso se den el lujo de dedicarle sendas mantas al gobernador, Juan Manuel Carreras López, para darle la opción de frenar la violencia a cambio de remover a elementos de la policía ministerial.
Inexplicablemente, la oferta parece haber sido aceptada por el subprocurador de Procedimientos Jurisdiccionales, Aarón Edmundo Castro Sánchez, quien ayer dio a conocer que existe una investigación en curso en contra de Juan Antonio Varela, un comandante de la policía ministerial a quien algunas personas responsabilizan del asesinato de un joven en la colonia Las Julias; a pesar de que fuentes al interior de la Procuraduría General de Justicia del Estado aseguran que Juan Antonio Varela no estuvo presente cuando ocurrieron los hechos.
Otra de las líneas de investigación que se siguen en su contra es la aparición de un video en redes sociales en el que un hombre es interrogado por otro a quien sólo se le escucha la voz y le pregunta su nombre, dirección y “quién lo surte” a lo que responde: “me surte Varela… es el comandante de la policía… ministerial del estado”. El cuerpo sin vida de la persona interrogada fue encontrado el jueves pasado cerca del camino que lleva a Tanque Tenorio.
Desde el año pasado varias mantas firmadas por un grupo criminal y dirigidas a Juan Manuel Carreras exigían la destitución de Varela, el director de la ministerial, José Guadalupe Castillo Celestino y otros policías. El último día de junio fue colocada una con la siguiente oferta: “Señor juan manuel carreras para parar la ola de violencia en san Luis potosi la tiene en sus manos quienos ah varela, romero, celestino, ervey, Kiko, jerico, chilo, Elmer, Fernando flores y toda la bola de ratas que comanda Daniel romero segura (…) Se aran los eventos al triple si sigue con esta bola de ratas la solución esta en sus manos (SIC)”
Si cada vez que investigan a un elemento de cualquier corporación de seguridad pública se conducen con total sigilo con el argumento de “no entorpecer las averiguaciones” ¿por qué el subprocurador, Aarón Castro, dio a conocer esa información? Aunque probablemente no haya sido su intención, la declaración, lejos de fortalecer la confianza de la ciudadanía en la PGJE es mensaje fácilmente interpretable por los grupos de la delincuencia organizada como sometimiento a su voluntad.
Está claro que las instituciones aún no se reponen de la sacudida que les significó el asesinato del agente del Ministerio Público, Raúl Serralde, y en su desesperación por conservar sus puestos de trabajo acaban complicando todavía más la crisis por la que atraviesan. El problema es que entre los intereses de quien busca convertirse en fiscal, el desmoralizado personal de la procuraduría, la cuestionada policía ministerial y la instrucción de mantener la supuesta tranquilidad a cualquier precio por en medio existe una ciudadanía obligada a cambiar sus hábitos y a moderar sus actividades recreativas para intentar esquivar cualquier peligro.
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Para que los trabajadores del Congreso gocen de sus vacaciones, los diputados sesionarán hasta el 28 de julio para discutir si eliminan o no el fuero de todos los funcionarios públicos. El legislador Gerardo Serrano Gaviño dice que algunos compañeros suyos se resisten a quitarse el fuero, pero no se atreve a revelar los nombres. Compañerismo, ante todo.
(Redacción: Jaime Nava)
