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Más de 13 mil migrantes que vivían de forma legal en Estados Unidos, a la espera de la resolución de sus solicitudes de asilo, cuando de pronto se enfrentaron a las llamadas órdenes de deportación a un “tercer país”, con destino a lugares con los que la mayoría no tenía vínculos, de acuerdo con la organización sin fines de lucro Mobile Pathways, que impulsa la transparencia en los procedimientos migratorios.
Sin embargo, pocos han sido deportados, a pesar de que la Casa Blanca presiona para que se expulse a cada vez más inmigrantes. Debido a cambios no explicados en la política estadunidense, muchos están ahora atrapados en un limbo migratorio, sin poder defender sus solicitudes de asilo ante un tribunal y sin saber si serán encadenados y subidos a un vuelo de deportación hacia un país que nunca han visto.
Entre los miles de casos están: El hombre afgano había huido del Talibán para refugiarse en el norte del estado de Nueva York cuando las autoridades migratorias de Estados Unidos ordenaron su deportación a Uganda. La mujer cubana estaba trabajando en un Chick-fil-A de Texas cuando fue arrestada tras un accidente de tránsito menor y le comunicaron que la enviaban a Ecuador.
Está el hombre mauritano que vive en Michigan al que le dijeron que tendría que ir a Uganda, la madre venezolana en Ohio a la que le dijeron que la enviarían a Ecuador y los bolivianos, ecuatorianos y tantos otros en todo el país a quienes se ordenó ser expulsados a Honduras.
Algunos están detenidos, aunque la cifra no está clara. Todos han perdido el permiso para trabajar legalmente, un derecho que la mayoría tenía mientras tramitaba la solicitud de asilo, lo que agrava la preocupación y el temor que se ha extendido por las comunidades migrantes.
“El objetivo de este gobierno es infundir miedo en la gente. Eso es lo principal”, afirmó Cassandra Charles, abogada principal del National Immigration Law Center, que ha estado combatiendo la agenda de deportaciones masivas del gobierno del presidente Donald Trump.
El temor a ser deportado a un país desconocido podría, según los activistas, llevar a los afectados a abandonar sus expedientes migratorios y decidir regresar a sus países de origen.
