Jesús Aranda
Más allá de las palabras y de las aclaraciones posteriores, el general secretario Salvador Cienfuegos Zepeda se sinceró el pasado martes cuando reconoció que “hay un desgaste” del Ejército, “porque tenemos muchas cosas que hacer”; en el medio militar son comunes los comentarios sobre la falta de reconocimiento (de la sociedad en general) a las tareas de los soldados, por parte de la sociedad y la zozobra por carecer de un marco legal que dé certidumbre a los efectivos que participan en labores de seguridad pública y en contra del crimen organizado.
En el Seminario que realizó la Secretaria de la Defensa Nacional en colaboración con la Universidad Anáhuac, hubo comentarios de militares que dejaron patente su inconformidad con el estado actual de cosas.
Críticas abiertas y veladas en contra del sistema de impartición de justicia (Procuraduría General de la República, jueces, magistrados y ministros incluidos), de las organizaciones defensoras de derechos humanos (empezando por la CNDH y terminando con las que –señalaron- son utilizadas por criminales para evitar la acción de la justicia), de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Rosendo Radilla que derivó en que la Suprema Corte declarara la inconstitucionalidad del artículo 57 del Código Militar que permitía que las denuncias de civiles en contra de soldados pudieran ser resueltas en el fuero castrense, entre otras.
También hubo reclamos al hecho de que después de casi 100 años de que se promulgó nuestra constitución, resulta que hasta la fecha no hay una Ley de Seguridad que dé certidumbre legal a la participación de los militares en labores de seguridad pública o de seguridad interna.
Un oficial que formaba parte del auditorio (en el Seminario referido) cuestionó la falta de un marco legal que garantice a los soldados sus derechos cuando realizan labores de seguridad pública o en el combate al crimen organizado. Señaló que la gran mayoría de las quejas que presentan personas que fueron detenidas en operativos militares alegan que sufrieron violaciones a los derechos humanos y que por la gravedad de las mismas, constituyen delitos de lesa humanidad.
Es decir, delitos que por tener esta connotación son imprescriptibles.
¿Qué va a pasar en un futuro con los que participamos en operativos, fuimos mandos o comandantes operativos, cuando sujetos que detuvimos presenten demandas en nuestra contra por delitos de lesa humanidad?, dijo.
El militar reconoció que él y sus compañeros de armas están preocupados por el vacío legal existente, pero además, y como lo ratificaron los mandos que tuvieron diversas participaciones en el seminario, porque no confían en la CNDH a quien siguen viendo como una institución que protege a los delincuentes so pretexto de defender los derechos humanos.
Más allá del discurso oficial de los mandos militares, la tropa y los mandos operativos están decepcionados, porque saben que si cometen un error, o peor, si los acusan injustificadamente presuntos criminales de violar sus derechos humanos, difícilmente contarán con el apoyo de sus altos mandos.
Elección de magistrados electorales; urgen cambios para despolitizar su elección
Con la complicidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Senado de la República culminó el proceso para elegir a los siete integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial; un proceso que inició viciado en el máximo tribunal y que terminó con acuerdos partidistas y políticos para elegir a los árbitros de la elección presidencial de 2018.
El modelo de elección está más que agotado, la elección política de los magistrados que calificarán la elección presidencial de 2018 está marcada por la falta de independencia y autonomía de los nuevos integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Un amigo que contendió para magistrado electoral me comentó que desde el momento en que los aspirantes al cargo tienen que cabildear en el Senado los votos de los legisladores, la independencia y autonomía de los aspirantes ya quedó en entredicho, porque tu eventual elección ya no dependerá de tus capacidades, experiencia y conocimientos, sino del apoyo de los partidos que te llevaron al cargo.
Quien diga que eso no afecta la independencia del juzgador, miente, aseveró.
Los ministros de la Corte pusieron en bandeja de plata a los senadores del PRI, PAN y, en mucho menor medida al PRD, a los integrantes de la ternas para magistrado electoral. Tres de ellos ex magistrados o magistrados de salas regionales (Janine Otálora, Mónica Soto y Reyes Rodríguez) quienes fueron elegidos en su momento en el Senado con el apoyo de PRI y PAN; tres magistrados de circuito (Felipe Fuentes Barrera, Felipe Pizaña e Indalfer Infante) con escasos conocimientos de derecho electoral y el ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), José Luis Vargas.
Con el actual esquema de elección, los siete integrantes de la Sala Superior llegan con una carga política que les resta independencia, credibilidad y autonomía; porque su puesto se lo deben a los acuerdos partidistas entre priistas y panistas.
Es tiempo de que los legisladores hagan a un lado sus cotos de poder y parcelas políticas, y consideren seriamente en la necesidad de renovar el sistema para elegir a los magistrados electorales, porque de otra manera, la sombra de sospecha sobre sus fallos seguirá sin cambio. Situación que es particularmente delicada cuando se espera que los comicios presidenciales de 2018 sean sumamente reñidos.
Expertos en el tema consideran que debe implementarse ya la carrera judicial en material electoral, para que los aspirantes a magistrados inicien su carrera desde secretarios proyectistas en la Sala Superior y Salas Regionales, a través de concursos de oposición.
Y que dichos concursos tengan la misma mecánica de exigencia y confiabilidad que los exámenes que presentan quienes ingresan a la carrera judicial y ascienden a jueces o magistrados mediante concursos de oposición.
Si realmente se quiere contar con un tribunal electoral que transmita credibilidad y confianza, debe quitársele el tufo político que marca la elección de los magistrados -tanto en la conformación de las ternas de la Suprema Corte en donde no queda claro qué criterios siguieron los ministros para elegir a los que integraron las ternas, como en el Senado en donde priistas y panistas se dividen el pastel y eligen a quienes consideran que protegerá mejor sus intereses- y establecer una carrera judicial en materia electoral.
@jaranda24
