Momentos de tensión vivió ayer el Estado Mayor Presidencial y el secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, cuando el helicóptero que transportaba al presidente Enrique Peña Nieto tuvo que retrasar su arribo al buque Usumacinta, en el que el mandatario tenía previsto encabezar una solemne ceremonia en honor a los marinos caídos, además de depositar una ofrenda floral en el mar.
Los fuertes vientos y el oleaje provocados por la incipiente tormenta tropical obligaron al piloto del helicóptero presidencial a retrasar su aterrizaje en el buque de la Armada de México y llevar a cabo una maniobra que para los invitados y funcionarios gubernamentales presentes pudo parecer de alto riesgo, pero que no representó una dificultad particular para los expertos de la Fuerza Aérea Mexicana debido a la potencia de la nave presidencial.
La destreza del piloto del Estado Mayor quedó más que demostrada frente a las costas de Lázaro Cárdenas, Michoacán, en el marco de la Conmemoración de los 100 años de la Marina Nacional.
Fracaso de las reformas penal y laboral fractura relación entre poderes
Pese al optimismo oficial es evidente que tanto la reforma penal como la laboral fracasaron; la primera, con la puesta en libertad de delincuentes acusados de delitos graves, quienes prácticamente han convertido a las prisiones en un carrusel de entrada y salida.
Además, el uso de los derechos humanos como pretexto de personas detenidas en operativos relacionados con el crimen organizado ha saturado la labor del ministerio público federal, lo que ha colapsado los juzgados y tribunales federales ya que la dependencia debe investigar todas las denuncias de tortura, independientemente de la etapa procesal en que esté el juicio.
Otro efecto colateral es que policías, soldados y marinos piensan dos veces antes de intervenir en un ilícito, así sea en flagrancia, pues si son acusados de violar derechos humanos pondrían en riesgo su libertad y carrera profesional.
Esta situación ha provocado un enfriamiento entre el ejecutivo federal (léase el gabinete de seguridad en pleno) porque ante la ineficacia del nuevo sistema de justicia penal, el ejecutivo federal defiende la labor de las fuerzas federales y del ministerio público mientras que ministros, magistrados y jueces señalan que la liberación o la aplicación de penas mínimas a los delincuentes es porque las averiguaciones previas están mal integradas, ya sea por incapacidad o corrupción de los fiscales.
Los problemas entre los poderes ejecutivo y judicial continúan escalando, prueba de ello fue la reciente advertencia que hizo el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Fernando Franco González Salas, sobre el inminente fracaso del nuevo sistema de justicia laboral causado por la falta de previsión del Ejecutivo y del Congreso de la Unión.
Hace unos días, al dictar una conferencia magistral ante la crema y nata de los abogados del país, Gonzáles Salas aseveró que el principal reto para materializar la reforma laboral es la falta de presupuesto.
El Poder Judicial de la Federación enfrenta dos problemas, el alto costo que implica la creación de los órganos -cada juzgado de distrito cuesta alrededor de 50 millones de pesos al año- y la necesidad de homologar los salarios de las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje con los altos sueldos y prestaciones que gozan la mayoría de los trabajadores del Poder Judicial Federal, ya que sería inconstitucional que hubiera trabajadores de ‘primera’ y ‘segunda’ en la judicatura federal.
Agregó el ministro que las leyes secundarias de la reforma laboral deberán precisar cómo desahogar los juicios y presentar un esquema de transición viable hacía el nuevo sistema de justicia.
Actualmente no existen definiciones claras de los procedimientos que se requieren y las reglas que deben regir, por ejemplo, ¿qué tipo de procedimiento se va a establecer, oral, escrito o mixto? Y ¿cómo se pueden desahogar los procedimientos de tal manera que no lleguemos a saturar los nuevos tribunales?
Gonzáles Salas señaló que la justicia laboral debe ser tomada con seriedad ya que está de por medio un derecho fundamental, el trabajo de los mexicanos.
Es de tomarse en cuenta que el togado sabe de qué habla, pues antes de llegar a la Corte fue subsecretario del Trabajo.
En este contexto, nos dicen que el enfrentamiento en las relaciones entre poderes ya tuvo una primera víctima: El Canal Judicial.
Pues resulta que a pesar del anuncio formal que el ministro presidente realizó hace unos días en España, en el que adelantó que el Canal Judicial se transmitirá por televisión abierta, la iniciativa ha sido suspendida, al menos por ahora, ya que resulta que hay trámites burocráticos ante oficinas del Ejecutivo que no fueron tomados en cuenta.
¿Será por eso que el 11 aniversario del inicio de transmisiones del Canal Judicial, que se cumplió el pasado martes, pasó sin pena ni gloria?
