Jesús Aranda
La novela apenas empieza y la Procuraduría General de la República (PGR) tiene muchas cosas que aclarar respecto a la investigación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la cual vincula al futbolista Rafael Márquez y al cantante Julión Álvarez en actividades de lavado de dinero con el presunto narcotraficante Raúl Flores Hernández.
¿Por qué el gobierno estadunidense difundió su información en Washington, sin la presencia de ningún representante de la PGR?, ¿por qué la PGR emitió un comunicado en el que destacó la “coordinación” con las autoridades estadunidenses, cuatro horas después de que lo hicieran los estadunidenses?, ¿por qué la PGR se tardó en informar que Flores Hernández había sido detenido en Zapopan, Jalisco, el 21 de julio pasado, y que el sujeto está en proceso de extradición hacia los Estados Unidos?
¿Cómo fue que Rafael Márquez se enteró, con horas de anticipación, del anuncio del Departamento del Tesoro, lo que le permitió desde temprano viajar a la Ciudad de México y ponerse a disposición de la PGR?
En todo caso, todo apunta a que esta investigación de las autoridades estadunidenses no estuvo “coordinada” con la PGR, ni hubo un trato de aliados o socios.
Ineficacia de las leyes mexicanas contra crimen organizado
Por cierto, este asunto, además, evidenció la ineficacia de las leyes mexicanas para combatir al crimen organizado, mientras que el gobierno estadunidense demostró, una vez más, que lo importante no es meter a la cárcel a los delincuentes sino apropiarse de sus recursos económicos ilícitos.
¿Y esto, qué relación tiene con las leyes mexicanas?
Que en el país vecino tienen claro que cuando el sistema judicial va en contra de un delincuente, lo primero que atacan son sus finanzas, con el beneficio adicional de que el dinero decomisado se queda finalmente en las arcas gubernamentales.
Por eso, las multas, congelamiento de cuentas y propiedades son la mejor forma de enfrentar la criminalidad y la estructura financiera de la delincuencia. Además, esta política se convierte en una moneda de cambio para el acusado, quien en el mejor de los casos, buscará llegar a un acuerdo, aún a costa de la pérdida de su dinero y propiedades.
En cambio aquí, la clase política y los gobiernos panistas y priístas en turno, aprobaron una ley de lavado de dinero que ha sido un total fracaso. Pareciera que fue diseñada para encubrir la corrupción de funcionarios públicos y legisladores, pero también para que la delincuencia organizada mantenga intacta su solvencia financiera sin importar la detención o abatimiento de sus líderes principales.
De acuerdo con la opinión de mandos castrenses consultados –quienes fueron puestos en la primera línea de fuego en el combate al crimen organizado, hace 11 años, y quienes esperan aún que se apruebe la Ley de Seguridad Interior, que dé certeza jurídica a la labor que desempeñan diariamente miles de soldados y marinos–, es increíble que el país no cuente con una Ley de Extinción de Dominio eficaz que decomise los bienes y recursos económicos de las organizaciones delictivas.
Sostienen que la legislación de la Ciudad de México en la materia no es perfecta, pero se acerca más a lo que el país necesita. Por cierto, esta ley aplica sólo a delitos que no están considerados como delincuencia organizada, porque estos son de competencia federal.
Absurdo: narcotraficantes detenidos en altamar, libres
Otra perla legislativa: Resulta que diputados y senadores aprobaron el Código Nacional de Procedimientos Penales en el que se les olvidó señalar que la Secretaría de Marina es la autoridad en la mar.
Esta omisión ya cobró facturas a la Secretaría de Marina, porque resulta que recientemente una patrulla de la Armada de México interceptó en altamar una embarcación cargada de mariguana.
Los marinos detuvieron a los tripulantes, aseguraron la droga y los presentaron ante el ministerio público federal para iniciar el proceso legal correspondiente.
Sin embargo, cuando los detenidos fueron presentados ante el juez, éste los dejó en libertad con el argumento de que la captura había sido ilegal, ya que los marinos no son autoridad.
A pesar de que la Secretaría de Marina informó a los legisladores sobre la omisión, antes de que fuera promulgado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de junio de 2016, hasta la fecha diputados y senadores no han tenido tiempo de corregir su error.
La visión de las fuerzas armadas sobre la Ley de Seguridad Interior
Para los mandos militares y navales, la necesidad de una Ley de Seguridad Interior es muy sencilla y la explican así:
Si en un municipio hay un grupo de gavilleros que aterroriza el lugar, el presidente municipal es el encargado de enfrentar el problema. Si éste ordena poner orden, pero sus policías municipales son apaleados, entonces debe solicitar al gobernador de la entidad el envío de la policía estatal.
Si a la policía estatal también le dan una paliza, entonces, el gobernador debe solicitar al Secretario de Gobernación el envío de policías federales.
Si los policías federales tampoco fueron capaces de remediar el problema, entonces el gobernador solicita el apoyo de las fuerzas armadas.
Una vez recibida la solicitud, el Presidente de la República ordena el envío de tropas, las cuáles irán a resolver de manera definitiva el problema, pero deberá delimitarse el lugar, el tiempo que estarán desplegadas las tropas y el objetivo a cumplir.
Terminada la tarea, las tropas regresan a sus cuarteles, porque soldados y marinos no realizarán labores policíacas que no les corresponden.
Otro componente de la Ley tiene que ver con la responsabilidad de las autoridades municipales y estatales de esforzarse por contar con policías capaces y confiables, además de ser quienes enfrenten la problemática de inseguridad y violencia de acuerdo con sus atribuciones.
¿Será que los legisladores de todos los partidos mantienen congelada la Ley de Seguridad Interior, porque las autoridades estatales y municipales emanadas de sus partidos, no quieren asumir su responsabilidad?
@jaranda24
