Jesús Aranda
Ciudad de México. El pasado miércoles, el Presidente, Enrique Peña Nieto se reunió con miles de soldados, pero no les dijo lo que los elementos de las fuerzas armadas querían escuchar, no dijo nada sobre la necesidad de solicitarle al Congreso de la Unión que acelere la aprobación de la Ley de Seguridad Interior que precise, de una vez por todas, qué pueden y que no pueden hacer los militares en labores de seguridad.
En lugar de ello, Peña Nieto aprovechó la presencia de más de 32 mil soldados –y algunos marinos- y sus familias en el Campo Militar Número Uno, y de los más de 86 mil militares que siguieron la transmisión en vivo en las 12 Regiones Militares del país, para criticar –sin mencionar su nombre- al líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador por las “inadmisibles e inaceptables expresiones que, algunos de manera simple”, por ignorancia o con dolo, “descalifican la labor de los integrantes de las fuerzas armadas”.
Si bien es cierto que las recientes declaraciones del líder de Morena, respecto a que los miembros del Ejército han “masacrado” y violado derechos humanos, han lastimado a los militares, no se puede dejar el lado la intención electorera de Peña de cuestionar a quien muchos consideran que es el principal contendiente en la próxima elección presidencial.
Por otra parte, es un hecho que la falta de decisión del ejecutivo federal para impulsar la aprobación de la Ley de Seguridad Interior y el doble discurso de senadores y diputados, quienes en público alaban la labor de las fuerzas armadas en apoyo a la seguridad pública, pero a la hora de legislar buscan pretextos para no aprobar dicha ley, también lastima a los soldados.
Los militares y sus familias no sólo están preocupados porque al estar en las calles, cumpliendo funciones que no les corresponden, ponen en riesgo sus vidas. Les inquieta que esposos, padres e hijos realicen labores de seguridad pública que no les corresponden, para las cuales no fueron formados ni adiestrados y, sobre todo, que lo hagan sin la protección legal que exigen las circunstancias.
Saben que están a expensas de ser acusados de violar derechos humanos y con ello, que su carrera militar se vaya por la borda.
Porque, en lo que se deslindan responsabilidades, el soldado es relevado de sus funciones y debido a la gravedad de las acusaciones –delitos como tortura o privación ilegal de libertad, que son los delitos por lo que son acusados comúnmente-, generalmente enfrentan sus procesos en prisión y con una importante reducción de sus ingresos hasta que termine el juicio.
Saben que en el mejor de los casos, recuperarán su libertad y se reintegrarán al Instituto armado, pero sin la menor posibilidad de continuar ascendiendo en la carrera militar, su expediente ya quedó manchado.
En el peor de los casos, si son encontrados culpables, tendrán que enfrentar su proceso sin ayuda oficial, deshonrados y dejando a la familia desamparada.
Los militares no querían escuchar los logros que Peña Nieto adjudica a su gobierno, tampoco querían que les recordara que se han incrementado las becas para sus hijos y los préstamos hipotecarios.
Los militares esperaban escuchar de su comandante en jefe, el compromiso de impulsar un Ley que les garantice seguridad jurídica en labores de seguridad que, por cierto, no les corresponde.
El juez del caso de Los Porkys, ¿único responsable?
A partir de que el juez tercero de distrito en Veracruz, Anuar González Hemadi amparó a Diego Cruz, uno de los jóvenes conocidos como Los Porkys, acusados de violar a una menor de edad, la indignación social fue tal que derivó en la suspensión e investigación el juzgador por la desafortunada decisión.Sin embargo, poco se ha dicho de la responsabilidad que tiene la Procuraduría del Estado de Veracruz para que este proceso aún no se haga justicia.
Si bien el juez ignoró los protocolos y criterios establecidos por la propia Suprema Corte en materia de perspectiva de género en casos de violación –al no valorar adecuadamente el testimonio de la víctima e ignorar las condiciones en las que ocurrieron los hechos, velando sobre todo por los derechos de la víctima-, el ministerio público veracruzano tampoco cumplió con integrar una investigación sólida para sancionar a los responsables.
De entrada, no tomó en cuenta un hecho fundamental que es el testimonio de la joven, quien señaló que fue subida por la fuerza a un auto para llevarla al lugar en el que ocurrió el ataque. El ministerio público dejó pasar este hecho y ni siquiera responsabilizó a los presuntos culpables del delito de privación ilegal de la libertad.
De haber acreditado éste delito, el ministerio público habría demostrado la “intención” de los atacantes en cometer el ilícito.
Precisamente, el juez concluyó que no había elementos para demostrar que Cruz había obligado a la joven a tener un acto sexual, pese a que consideró en su sentencia que “cuando éste introdujo sus dedos por debajo del calzón y se los introdujo en la vagina, no observó una intención lasciva ni que el acusado tuviera intención de copular”.
Si bien, la decisión del juzgador fue absurda, lo cierto es que el ministerio público estaba obligado a demostrarle al juez, con argumentos sólidos, que la joven fue atacada sexualmente, pero no lo hizo.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ya tomó cartas en el asunto en el caso del juez, pero la procuraduría veracruzana no ha dicho nada sobre la actuación del ministerio público a pesar de que las acusaciones presentan lagunas importantes que parecieran “a modo” para reducir las sanciones a los responsables.
Al menos, quedó en manos de un tribunal colegiado enmendar la vergonzosa sentencia del juez González.
En el CJF consideran que en este asunto, que puso nuevamente en evidencia el sistema de justicia en el país, el juez no es el único responsable.
@jaranda24
