Jesús Aranda
Ciudad de México. Donald Trump impuso su agenda, impuso los temas que realmente le preocupan con relación a México (seguridad interior de su país y lucha contra el narcotráfico), mantuvo sin cambios su amenaza de que el muro fronterizo con nuestro país lo pagarán los mexicanos (los de allá y/o los de acá), al tiempo que lanzó bombas de humo con el tema migratorio que se tradujeron en victorias “pírricas” y mediáticas que en nada cambian la complicada relación bilateral.
La visita de los secretarios de Estado, Rex Tillerson y de Seguridad Interior, John Kelly, a México confirma lo dicho. Los funcionarios encargados de la seguridad interior estadunidense y del combate a los cárteles mexicanos del narcotráfico vinieron a imponer condiciones para que le dejen el camino libre a los cárteles de la droga que operan impunemente en el vecino país, y para mantener la cooperación bilateral en los términos que más le convenga a los intereses de su gobierno.
El gobierno de Peña demostró ayer que aún no tiene una política clara y definida que responda a los agravios permanentes de Trump.
¿Por qué en los encuentros del canciller Videgaray y del propio presidente Peña con Tillerson y Kelly no se advirtió que México congelaría la cooperación militar y de seguridad hasta en tanto no se garanticen los derechos humanos de los mexicanos que viven en Estados Unidos y que las eventuales deportaciones se lleven a cabo sin tratarlos como criminales?
Mientras Peña continúa titubeando y sigue sin dar respuestas categóricas, los altos mandos de la Defensa Nacional y de Marina siguen su ejemplo, ya que hasta la fecha mantienen sin cambio los acuerdos bilaterales con Estados Unidos –en materia de capacitación, entrenamiento, etc.-, como si no pasara nada.
Ayer, Peña, dijo en Los Pinos a los funcionarios estadunidenses que para el gobierno mexicano “la protección de los mexicanos en los Estados Unidos y el respeto a sus derechos es una de las mayores prioridades de su gobierno”.
Sin embargo, más allá de las palabras, el mandatario mexicano no envió ninguna señal clara a Trump de repudio a sus continuas declaraciones contra nuestro país.
El pasado 9 de febrero, Trump firmó tres órdenes ejecutivas para “romperle la espalda” a los cárteles del narcotráfico. Señaló que las organizaciones transnacionales y sus organizaciones subsidiarias, incluyendo a los cárteles de la droga, han expandido una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos y de sus ciudadanos; además, culpó a los cárteles de la droga de incrementar los niveles de criminalidad, corrupción, violencia y miseria en su país.
En este sentido, instruyó a los secretarios de Estado y de Seguridad a mejorar el intercambio de inteligencia con otros países, realizar operaciones conjuntas de ubicación y captura de miembros del crimen organizado internacional y lograr la extradición de los detenidos.
Dócil, el gobierno de Peña Nieto aceptó las condiciones de Trump, aceleró su visita a México y, a cambio de continuar con la cooperación en materia de seguridad, el gobierno mexicano “le arrancó” a los funcionarios de Trump la promesa de que la Casa Blanca no realizará deportaciones masivas de migrantes y que, las que se hagan, se realizarán conforme al proceso jurídico que debe seguirse.
Es decir, condiciones mínimas que establece el derecho internacional en casos como éste.
Finalmente, la visita a México de los funcionarios estadunidense cumplió con los objetivos trazados…, por Trump.
Por cierto, ¿cuándo fue la última vez que usted supo de la detención de un capo de la droga estadunidense?, porque cada vez es menos creíble la tesis de las agencias de ese país que afirman que los cárteles mexicanos dominan el mercado de la droga del otro lado de la frontera.
¿Y dónde quedan los grandes capos estadunidenses que se quedan con las ganancias de la venta de drogas, las cuales cuestan hasta cuatro o cinco veces más que el precio de la mariguana, cocaína y metanfetaminas antes de cruzar la frontera?
Suprema Corte avalará la llamada Ley Atenco ¿Qué dirá el ministro Medina Mora?
La próxima semana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá la constitucionalidad de la llamada Ley Atenco, es decir, la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México y se prevé, que la mayoría avale la norma que impugnada por la CNDH y a Comisión Estatal de Derechos Humanos por considerarla violatoria de los derechos a la libertad de expresión, libertad de manifestación y reunión, y por permitir el uso de armas letales para reprimir movilizaciones sociales.
El pleno discutirá el proyecto elaborado por el ministro Alberto Pérez Dayán, el cual valida el uso de armas, letales y no letales, dependiendo las circunstancias y con la previa advertencia de las autoridades sobre su uso
Pérez Dayán propone invalidar los artículos 24, 25 y 26 de la citada ley en su totalidad, y el 40.
Los primeros facultan a las autoridades mexiquenses a autorizar al uso de la fuerza en centros preventivos y de reinserción social, sin hacer una diferenciación específica entre los centros de adultos y los de menores. Es decir, que la norma ignora tratados internacionales firmados por México que establecen cuestiones específicas para los menores privados de la libertad.
Propone declarar inconstitucional el artículo 40, que plantea el uso de la fuerza como primer opción; esto, porque a lo largo del proyecto, el ministro subraya que antes del uso de la fuerza, la autoridad debe buscar negociar con las partes, y antes de cualquier cosa, advertir a los ciudadanos sobre el eventual uso de la fuerza. Es decir, que tanto el uso de la fuerza, como el uso de armas no letales o letales, son la última opción, de acuerdo como se presenten los hechos.
El proyecto propone invalidar conceptos previstos en la ley, como tortura y tratos crueles e inhumanos, porque ello compete de manera exclusiva al Congreso de la Unión.
Se espera una discusión intensa en la que será interesante conocer el punto de vista del ministro Eduardo Medina Mora, quien esa responsable indirecto de que el gobierno mexiquense aprobara ésta ley, como consecuencia de la represión en San Salvador Atenco en 2006, cuando Medina Mora, siendo secretario de Seguridad Pública Federal organizó el operativo que derivó en la detención de más de 200 campesinos; en la vejación y acoso sexual de decenas de mujeres sufrieron vejaciones y la muerte de dos jóvenes.
@jaranda24
