Aldo Anfossi, corresponsal
Santiago. Descoordinación y divergencias entre tres ministros del gobierno chileno, quedaron en evidencia al discrepar públicamente acerca de la imposición, por la administración Trump, de un arancel aduanero de 12.5 por ciento a ciertas exportaciones locales a ese mercado.
El gravamen, que entre 10 y 12.5 por ciento perjudica a 60 naciones, fue justificado por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés), en el marco de una investigación de eventual explotación infantil en sectores productivos, acusando laxitud para prohibir y fiscalizar la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso.
Mientras el canciller Francisco Pérez Mackena se esforzaba en abrir negociaciones para abatir la sanción, el ministro de Agricultura, Jaime Campos, la calificó como una burla estadunidense; y el titular de Defensa, Fernando Barros, expresó que es “injusto y genera dudas en la cercanía y confiabilidad de la relación”.
Entre los bienes perjudicados, el salmón fresco y congelado, las uvas, arándanos y otras variedades frutícolas, el vino y manufacturas forestales (madera aserrada de pino, molduras y tableros).
Para el ministro Campos “lo que se está haciendo con Chile es una actuación arbitraria del gobierno norteamericano, puesto que está violentando el Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito”.
En efecto, desde enero de 2004 está vigente ese pacto que, en 2015, dejó exento a la totalidad del comercio bilateral.
“Además, la chiva (mentira) que inventaron para imponernos esta medida arancelaria casi parece chiste, porque sostener que en Chile existe trabajo forzado… ni el más enemigo de los intereses chilenos se había atrevido a sostenerlo”, agregó.
Informado acerca de lo dicho por su colega de Agricultura, el canciller procuró bajar el tono: “Estamos más que enojándonos, ocupándonos, de resolver este problema. Más allá de las declaraciones, tenemos un espacio de negociación abierto con el USTR”.
Recientemente, tras una reunión con el secretario de Estado, Marco Rubio, Pérez calificó a Estados Unidos como “el principal socio estratégico” de Chile; lo cual no es equivalente a que sea el mayor aliado comercial, posición que ocupa China con el 35 por ciento de los envíos, seguido por los norteamericanos con 17 por ciento.
Fueron tan evidentes los enfoques divergentes de los ministros, que la presidenta del Senado, la oficialista Paulina Núñez, reclamó que “lo mínimo que podemos aspirar es ver al Gobierno ordenado en este tema y en general en todos. No le hace bien a la gobernabilidad tener ministros opinando de manera disímil. Hago un llamado a que antes de que los ministros sigan opinando públicamente, el Gobierno se debe ordenar en este tema y tener una sola voz”.
La patronal Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) también hizo ver que “Chile tiene un tratado de libre comercio plenamente vigente con ese país y los tratados deben respetarse”, agregando que solo en fruta fresca, el costo rondará los 400 millones de dólares.
En la controversia intervino el embajador estadounidense, Brandon Judd, diciendo que “si dos ministros que no son parte de la negociación quieren hacer comentarios provocativos que socaven la habilidad de sus colegas de negociar, es tema de ellos”.
