Julio Reyna Quiroz
Ciudad de México. El sector público es el mayor comprador de comprobantes fiscales emitidos por empresas inexistentes, una práctica ilegal que sirve a los gobiernos para justificar obras inconclusas o desviar recursos presupuestales, y para evadir impuestos en el caso de las personas físicas y morales.
Dos terceras partes de las facturas falsas que se emiten en el país han sido utilizadas por gobiernos, principalmente estatales y municipales, dijo Ricardo Cervantes Vargas, abogado fiscalista integrante de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, durante el foro Corrupción y Empresas Fantasma: Propuesta de reforma legal para su combate eficaz.
Explicó que en los recientes años se ha detectado este tipo de esquema para “distraer” recursos públicos mediante la compra de facturas emitidas por empresas “fantasma”, lo que genera indignación en la sociedad mexicana.
Por su parte, Arturo Carvajal, representante del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas de la Ciudad de México, aseguró que la comercialización de facturas apócrifas genera un daño a la hacienda pública por el equivalente a 6 puntos del producto interno bruto nacional.
El foro fue convocado por la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) y el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados para discutir una iniciativa que busca erradicar la comercialización de comprobantes fiscales emitidos por empresas que no existen. La propuesta será planteada por Morena para que sea aprobada antes del 15 de diciembre, la fecha límite para aprobar el presupuesto de egresos y la ley de ingresos de la Federación.
La titular de la Prodecon, Diana Bernal Ladrón de Guevara, aseguró que la iniciativa será reforzada para erradicar esta práctica ilegal en los tres niveles de gobierno y buscará que se tipifique como “delincuencia organizada” al delito de compra de facturas falsas.
En el foro, el diputado por Morena Alfonso Ramírez Cuéllar indicó que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto será conocido como el “sexenio de las facturas falsas”, por la gran demanda de facturación ilegal en los gobiernos.
“La facturación falsa cobró fuerza en distintas áreas de la administración pública” en este sexenio, dijo el legislador.
