Mario Patrón
En un contexto marcado por tensiones sociales y políticas, finalmente llegó el día del inicio de la Copa Mundial de Futbol 2026 que se desarrollará en México, Estados Unidos y Canadá durante las próximas semanas.
La justa mundialista no sólo pondrá a prueba la infraestructura de México para albergar un evento internacional de la mayor escala, sino que también dejará a la vista de todo el mundo la capacidad institucional de atención a las múltiples agendas que nuestro país ha arrastrado los últimos años en detrimento de múltiples grupos poblacionales, especialmente de las víctimas de violaciones a derechos humanos que durante décadas se han perpetuado en nuestro país.
Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México serán epicentro de la acción mundialista al albergar 13 de los 104 partidos del torneo desde hoy y hasta el 5 de julio, fecha en la que se jugará el último partido dentro de nuestro país. Por lo menos 12 selecciones nacionales distintas tendrán actividad en territorio nacional y las previsiones oficiales estiman el arribo al país de más de 5 millones de aficionados.
A esto habrá que sumar la presencia de incontables medios de prensa internacional que darán cobertura a la justa mundialista y que jugarán un papel clave en la difusión de los entornos sociales y culturales de los países sedes; contexto que, en el caso de nuestro país, estará seguramente marcado por las movilizaciones que, como lo han anunciado desde hace semanas, realizarán diversos colectivos en el marco de la inauguración del Mundial y los días posteriores.
Ya desde los últimos días hemos visto múltiples acciones de protesta, empezando por las efectuadas en la reinauguración del estadio Azteca el 28 de marzo, realizada por colectivos de madres buscadoras y organizaciones en contra de la gentrificación ocasionada por las obras de infraestructura del Mundial.
A estas manifestaciones le siguieron múltiples intervenciones en el espacio público a cargo de colectivos de madres buscadoras, como la caminata por nuestros desaparecidos realizada ayer, acciones de organizaciones internacionales como Greenpeace y Amnistía Internacional en la Estela de Luz, las movilizaciones de maestras y maestros de la CNTE en el Centro Histórico de la Ciudad de México, entre muchas otras que han tenido lugar tanto en la capital como en el interior del país.
Otras agrupaciones integradas por campesinos y agricultores, transportistas, pensionados de Pemex y CFE, trabajadores de la salud, jueces y trabajadores del Poder Judicial han anunciado manifestaciones que, en conjunto, sumarán un total de al menos ocho movilizaciones previstas en la Ciudad de México en el marco de la inauguración del Mundial.
Si bien algunas han tenido mayor poder de congregación y visibilización que otras, no se puede negar legitimidad a sus demandas, ni ignorar la obligación del gobierno de atenderlas, especialmente las de las víctimas que históricamente han sido negadas y vulneradas en México.
Ante tal entorno de convulsión social, el gobierno federal ha enfatizado que no reprimirá las manifestaciones, pero ese dicho sólo podrá sostenerse con una efectiva garantía del derecho a la protesta, expresado no sólo con la abstención del uso de la fuerza pública contra las personas manifestantes, sino con una actitud de efectiva responsabilidad, disponiendo los medios necesarios para establecer diálogos pertinentes y efectivos con los actores sociales, construyendo confianza y trazando rutas de acción integrales que coloquen en el centro a las víctimas y a los sectores históricamente excluidos y vulnerados y den respuesta a sus exigencias de justicia y reparación.
Es imperativo que la institucionalidad gubernamental dé curso a la atención de las agendas de derechos rezagadas en México y evite el uso del discurso que simplifica el motivo de las movilizaciones atribuyéndolo a mero oportunismo político.
La organización de la Copa Mundial ha supuesto el uso de recursos públicos y humanos necesarios para sostener la infraestructura del evento deportivo más visto en el mundo. Con ello, los gobiernos federal y locales han dejado claras cuáles son sus prioridades políticas, pues han aplazado la atención de otras necesidades que desde hace muchos años exigen acciones sustantivas como es el caso de la búsqueda de personas desaparecidas, por mencionar sólo uno de los principales imperativos sociales.
Queda claro, pues, que el Mundial de Futbol se disputará no sólo dentro de las canchas, sino fuera de ellas. Los giros del balón no deberán distraer nuestra atención de la digna exigencia de las víctimas y de la lucha por la justicia, misma que, a diferencia de la Copa Mundial, nunca ha terminado por llegar cabalmente a la vida de nuestra sociedad. Nos esperan jornadas álgidas en materia deportiva, social y política.
Los ojos del mundo estarán puestos sobre México a partir de hoy, y ojalá que esa atención obligue a corregir la pauta de acción institucional que en los últimos años ha priorizado el espectáculo deportivo por encima de las injusticias y las necesidades más urgentes de nuestra sociedad.
