Ciudad de México. Integrantes de diversas organizaciones sociales montaron un altar a las puertas de la Embajada de Honduras en memoria de la ambientalista asesinada Berta Cáceres. Mientras, un grupo de activistas, encabezados por el mexicano Gustavo Castro Soto, ingresaron a la legación diplomática para exigir el esclarecimiento del crimen.
Una fotografía de la defensora hondureña cuelga de la puerta de la embajada. Para recordar su lucha por los recursos naturales y el empoderamiento de las mujeres del pueblo Lenca, la ofrenda está compuesta por granos de maíz. Veladoras y copal han sido encendidos para recordarla.
La madrugada del pasado 3 de marzo un grupo armado irrumpió en el domicilio de Cáceres, fundadora de la Coordinadora General del Concejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas (COPINH), y la asesinó. Había recibido amenazas de muerte, por lo que contaba con medidas cautelares dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Castro Soto, dirigente del Movimiento Mesoamericano en contra del Modelo Extractivo Minero, se encontraba con ella cuando ocurrió el ataque, por lo que resultó herido. Las autoridades hondureñas le impidieron salir del país por algunas semanas, sin aclarar si estaba en calidad de testigo.
Berta Cáceres logró frenar el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, de la empresa Desa. La concesión que le otorgaría el gobierno de Honduras a la compañía de capital europeo y estadunidense permitiría explotar el Río Gualquerque por 20 años. Para construir la presa se privatizarían los terrenos aledaños.
En marzo pasado el Ministerio Público hondureño anunció la aprehensión de cuatro sospechosos del asesinato. Los detenidos eran empleados de la empresa Desa.
Gustavo Castro, acompañado por Chasel Colorado, de Amnistía Internacional (AI), y Marín Colín, de Greenpeace, se encuentran reunidos en estos momentos con autoridades de Honduras.
