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Eduardo Murillo
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), determinará la responsabilidad en la que habrían incurrido la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y la entonces Procuraduría General de la República (PGR), en el caso de la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR).
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal, con sede en la Ciudad de México, determinó remitir a la SCJN el caso de un amparo promovido por familiares de los desaparecidos, y cuyo fallo fue impugnado por la Sedena y la ahora Fiscalía General de la República (FGR), quien tiene la obligación jurídica de continuar con los litigios de la PGR.
El juez de primera instancia falló a favor de los familiares, lo que fue impugnado por la Sedena y la FGR, quienes consideraran que se les está señalando como culpables sin haber pruebas suficientes.
Reyes Amaya y Cruz Sánchez fueron detenidos por autoridades no identificadas el 25 de mayo de 2007 en el estado de Oaxaca, y desde entonces no se tiene ninguna información sobre su paradero.
El tribunal colegiado señaló que la relevancia del caso hace indispensable la intervención de la Corte: “se advierte necesario que el Alto Tribunal del país defina y valide con criterio de autoridad, las reglas procesales que deben observar los jueces de amparo para la tramitación del juicio de derechos fundamentales”, señala en su escrito enviado a la SCJN.
