Alejandro Encinas promete rescatar cuerpos de Pasta de Conchos

Emir Olivares Alonso 

Ciudad de México. En víspera de que se cumplan 13 años de la tragedia por la explosión en la mina de carbón Pasta de Conchos, en Coahuila, que generó que 65 mineros perdieran la vida, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG), Alejandro Encinas Rodríguez, se comprometió con las familias y deudos a instalar una mesa de trabajo para construir una ruta para el rescate de los 63 cuerpos que aún permanecen sepultados en el lugar.

Esta tarde, el funcionario federal se reunió con representantes de las familias de Pasta de Conchos, donde asumió ese compromiso. Esto dio una nueva esperanza a los deudos ya que por 13 años en tres administraciones distintas (Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto), de dos partidos políticos distintos (PAN y PRI), no han respondido a sus principales demandas: el rescate de los cuerpos, acceso a la verdad y la justicia y sanción a los responsables.

Tras la reunión, representantes de las víctimas ofrecieron una entrevista a varios medios de comunicación en la que subrayaron que si bien el compromiso del subsecretario Encinas es una buena señal, “no hay un cheque en blanco” para la administración de Andrés Manuel López Obrador.

Y es que, en 2010, 58 familias interpusieron un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que ese organismo analice el caso ante la falta de justicia en el país.

Cristina Auerbach, de la Organización Familia Pasta de Conchos, y Stephanie Erin Brewer, coordinadora del área jurídica del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, detallaron que para los deudos de este caso y cientos de víctimas más, el rescate de los cuerpos representa que se pueda alcanzar la verdad y la justicia.

Recordaron que algunos de los responsables tanto de que la explosión se diera como de las posteriores omisiones para no llegar a fondo son, entre otros, la empresa Grupo México, quien operaba la mina; el ex titular de la Secretaría del Trabajo, Javier Lozano; ex procuradores de justicia; los ex mandatarios estatales Humberto y Rubén Moreira, y hasta el sindicato minero, y es que, remarcaron, desde 2000 se demostró técnicamente que la mina o estaba en condiciones para permanecer en operaciones, como lo hacía aquel 19 de febrero de 2006, cuando ocurrió la tragedia.