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Alertan de riesgos en México para activistas de derechos humanos

Isabel Cabanillas de la Torre, defensora de los derechos de las mujeres. Su último proyecto fue una instalación artística para protestar contra una minera canadiense en los Médanos de Samalayuca, labor que se considera fue parte de las causales de su asesinato. Foto tomada del informe Semillas de dignidad y lucha

Emir Olivares Alonso

México sigue siendo uno de los países más peligrosos para los defensores de derechos humanos: en los dos años pasados fueron asesinados 45 activistas en diversas entidades de la República.

Así lo documentó la Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos (Red-TDT) en su informe Semillas de Dignidad y Lucha: Situación de Personas Defensoras en México 2019-2020 dado a conocer este jueves.

Oaxaca, con 11 activistas asesinados; Chiapas y Chihuahua, con cinco en cada una de estas entidades; Guerrero y Morelos con cuatro, son las cinco entidades donde se registraron más homicidios de defensores de garantías fundamentales en el periodo analizado, según el reporte.

Del total de las víctimas, asienta el informe, 19 eran defensores comunitarios; 15 activistas en favor de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; seis trabajaban el tema de la diversisad sexual; tres derechos civiles y políticos y dos eran comunicadores.

“El contexto mexicano se caracteriza por la inacción del Estado frente a la situación de alerta en que viven las personas defensoras y que empeora con los años, configurando condiciones que ponen en riesgo su vida e integridad física que, en muchas ocasiones, alcanza aspectos de su entorno más cercano, como su organización, comunidad y hasta su familia; asimismo, el Estado mexicano pone en entredicho la labor de defensa de derechos humanos, criminalizando y estigmatizando a quienes la desempeñan”, plantea la Red-TDT en el reporte.

La Red, conformada por más de 80 organizaciones civiles de casi todo el país, enfatiza que aun cuando las agresiones contra las personas defensoras están diversificadas y pueden ser perpetradas por agentes del Estado o por particulares, empresas, crimen organizado —muchas veces en colusión con las mismas autoridades—, “toda forma de violencia es responsabilidad del Estado”.

Los activistas, agrega el documento, han tenido la capacidad de asumir múltiples papeles, se han adaptado a una dura realidad y a multiplicidad de escenarios de violaciones de derechos humanos a lo largo y ancho del país. En ese sentido, durante los dos últimos años han enfrentado múltiples obstáculos a su labor, desde el aumento de megaproyectos que ponen en riesgo la tierra y el territorio de los pueblos, sus formas de vida y el medio ambiente, hasta la criminalización del derecho a defender derechos humanos, hostigamiento, impunidad generalizada y violencia sistemática en su contra.

“México no es un país seguro para el ejercicio de la defensa de derechos humanos. A esto se suma que, transitar el camino para buscar justicia se torna gris frente a innumerables obstáculos, límites y deficiencias sistémicas en las instituciones de procuración y administración de justicia”.

En el reporte se destaca la lucha del movimiento feminista en los dos años anteriores y cómo pese a la pandemia sus movilizaciones continúan y han impactado en la sociedad.

Agrega que los activistas se enfrentan a la intimidación, estigmatización, amenazas, acoso, desacreditación y criminalización por su labor, especialmente cuando su trabajo apela o incomoda a actores estatales.

“Los principales actores que buscan desacreditar y/o menoscabar la defensa de los derechos son las autoridades en sus tres niveles de gobierno, quienes a través de declaraciones o notas periodísticas, señalan a personas y organizaciones de tener ‘intereses ilegítimos’ o ‘estar financiados’ por opositores. Se ha establecido una narrativa maniquea que invisibiliza las acciones de defensa y protección a los derechos bajo una lógica de apoyo o no a la política federal y, en especial, a megaproyectos insignia”.

“El riesgo es aún mayor” en Guerrero, Chiapas, Jalisco y Chihuahua.

En lo que corresponde al acceso a la justicia, el informe señala que “se ha demostrado un funcionamiento parcial”, pues funciona “a la perfección” cuando se criminaliza la protesta y a los defensores de derechos humanos, pero “es lento y disfuncional” cuatro investiga los delitos en su contra.

“En el tiempo que abarca este informe observamos claramente un patrón de criminalización de la labor de protesta y de personas defensoras, el cual ha perpetuado estas ‘fallas’, en su mayoría las irregularidades en estas instancias se reflejan en juicios con pruebas infundadas, acusaciones sin fundamento, testigos falsos, múltiples carpetas de investigación por persona defensora, el abuso de tecnicismos jurídicos y la utilización de la ambigüedad de la ley para detener y encarcelar personas defensoras, además, se caracterizan por ser procesos largos y tortuosos que buscan causar agotamiento de las personas judicializadas”.

Aunado a ello, se presenta el abuso de la figura de la prisión preventiva oficiosa. “Esta es la razón por la que encontramos personas defensoras que esperan su sentencia dentro de los centros de reclusión -a veces durante años- y que sufren día a día atropellos en los procesos legales que atraviesan”.

Esto, finaliza el documento, no es que existan leyes o reglamentos imperfectos, si no que es reflejo de la ineficacia de las fiscalías; muestra un sistema judicial con agentes poco capacitados, con jueces carentes de perspectiva de defensa de derechos humanos; evidencia la falta de homologación de estándares internacionales en materia de defensa de garantías fundamentales, al igual que una distribución inadecuada e ineficaz de recursos y de conocimiento técnico y herramientas teórico-prácticas del personal de las fiscalías.