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  • Amenazas en Guanajuato
  • Cadena de gobiernos panistas
  • General Velázquez y el Marro

Julio Hernández López

El general Arturo Velázquez Bravo es el actual subdirector de salvaguarda estratégica de Petróleos Mexicanos (las funciones de esta subdirección: https://goo.gl/18ZEYq ). Ese cargo lo ocupó durante el peñismo el también general Eduardo León Trauwitz, quien fue traído de la agregaduría militar de la embajada de México en Panamá para quedar a disposición de autoridades judiciales que le exijan responder por el sistemático robo de combustible que permitió o gerenció. Velázquez Bravo fue jefe de la zona militar 16 con sede en la comunidad de Sarabia, situada en el municipio guanajuatense Villagrán, punto este (específicamente, la comunidad de San Salvador Torrecillas) donde el pasado martes se desplegó una reacción colectiva en defensa del huachicol en términos similares a los utilizados por los narcotraficantes, con grupos de pobladores enfrentándose a militares y bloqueos carreteros mediante robo e incendio de vehículos.

El 5 de mayo de 2017, cuando dejó el mando militar en esa zona (al que había llegado en diciembre de 2014), el general Velázquez Bravo denunció, entre otras cosas, la abierta y próspera operación de grupos de robo de combustible encabezados por José Antonio Yépez de la Cruz, alias el Marro, de quien “la Procuraduría (estatal de justicia) dice que tiene como 100 propiedades vinculadas con este tipo; igualmente, la violencia ( en el estado de Guanajuato) tiene mucho que ver con él; este tipo tendrá unos ocho años trabajando en esta área; una toma de estas se lleva 18 millones de litros al año, este tipo tenía aquí unas 10 ó 15 tomas, alguien dice que tenía 17, seguimos encontrando tomas clandestinas que tienen las mismas características; es el principal objetivo del Estado”.

Pero, a pesar de tener datos del Marro, propiedades y volumen de robo y, por tanto, de ventas (sobre todo entre Celaya y Salamanca), nada se hizo al menos en ocho años de los que dio cuenta el general Velázquez Bravo. Si ya lo tienen identificado, ¿por qué no lo han detenido?, preguntaron reporteros durante una entrevista videograbada (youtu.be/10bEq24rWNM ), a lo que el jefe militar respondió: “pues en eso andamos; ahora que el trabajo del Ejército no es ese. Claro que si nos lo topamos, lo detenemos”.

El estado de Guanajuato ha sido gobernado por panistas de manera ininterrumpida desde que el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari cedió la plaza al deponer al priista Ramón Aguirre Velázquez  (quien había sido jefe de gobierno del Distrito Federal, amigo y caprichosa hechura política de Miguel de la Madrid), acusado de fraude electoral ante Vicente Fox. Para deshacer el conflicto y satisfacer al Partido Acción Nacional que le había legitimado de facto, Salinas impidió el arribo de Aguirre y colocó a Carlos Medina Plascencia como gobernador interino. Después de él, quedaron los siguientes panistas: el propio Fox, Ramón Martín Huerta (luego muerto en un accidente de helicóptero, cuando era secretario federal de seguridad pública), Juan Carlos Romero Hicks, Juan Manuel Oliva Ramírez, el sustituto Héctor López Santillana, Miguel Márquez Márquez y el actual, Diego Sinuhe Rodríguez Vallejo.

Al menos en los ocho años de los que habló el general Velázquez Bravo como inactivos contra el robo de combustible realizado por el Marro, los gobernadores correspondientes fueron Oliva Ramírez, López Santillana y Márquez Márquez. Además, esa entidad es una especie de hacienda política de retiro del activo opositor lenguaraz contra López Obrador, el enriquecido Vicente Fox Quesada.

En ese contexto, ayer se encontraron supuestos explosivos en la refinería de Salamanca y, luego, una manta de amenazas contra López Obrador supuestamente firmada por el Marro y su Cártel de Santa Rosa de Lima, que luego se desmarcó de los hechos y acusó a su rival, el Cártel Jalisco Nueva Generación, de tal montaje. El ciudadano Andrés Manuel López Obrador debe cuidar al máximo al presidente de la República, para que este cumpla el delicado encargo de combatir a los cárteles del narcotráfico, el huachicol y la política.

Sin embargo, y a contrasentido de una amplia solicitud de sus seguidores e inclusive de ciudadanos que no votaron por él pero les preocupa la fragilidad en el sistema de protección del jefe del Estado mexicano, López Obrador ha insistido en que no tomará medidas especiales, al amparo de la frase de uso popular de que quien nada debe, nada teme. En algunas ocasiones, el político tabasqueño ha dicho que él ya no se pertenece, pues su vida corresponde ya al pueblo. Sin embargo, el ciudadano López Obrador, por capricho u osadía casi pubertos, ha decidido seguir exponiendo al presidente de la República, pieza fundamental de la estabilidad de una nación en constante peligro.

Ha de suponerse que vienen en camino acciones judiciales contra César Duarte Jáquez, quien gobernó Chihuahua de 2010 a 2016. Al menos eso parecería sugerir la decisión, tomada ayer, del Partido Revolucionario Institucional de expulsar de sus filas al personaje largamente protegido por Enrique Peña Nieto. Duarte fue constantemente acusado de actos de corrupción y abusos en el ejercicio del poder pero, en momentos cruciales, ya como exmandatario, dejó el país y el peñismo hizo malabares judiciales para trabar su extradición de Estados Unidos a México.

Duarte Jáquez es pieza central en el expediente levantado por el gobierno panista de Javier Corral Jurado por actos delictivos de triangulación de fondos federales hacia ese gobierno priista chihuahuense que luego habría distribuido tal dinero a campañas electorales priistas. En el entramado están los nombres de José Antonio Meade, Luis Videgaray, Manlio Fabio Beltrones y un allegado a este, el empresario coahuilense Alejandro Gutiérrez, hasta ahora el único procesado por este caso. ¡Hasta el próximo lunes!

Julio Hernández López
Julio Hernández López
Autor de la columna Astillero, en La Jornada; director de La Jornada San Luis.