El Senado cerró anoche el período extraordinario con la aprobación de las reformas constitucionales en materia de seguridad pública, por las que se crea un mando mixto policíaco y se avanza en la tarea de sanear, capacitar y profesionalizar a las corporaciones policíacas federales, estatales y municipales. Se envió a la Cámara de Diputados para continuar el proceso legislativo.
Casi a las 23 horas de este viernes, el presidente del Senado, el panista Roberto Gil Zuarth declaró el cierre del periodo extraordinario de sesiones de la Cámara Alta que aprobó las siete leyes del Sistema Nacional Anticorrupción y la Miscelñanea Penal.
El mando mixto en materia de seguridad publica recocoge la reforma a seis artículos de la Carta Magna e incluyó diez iniciativas presentadas a partir del 2008, entre ellas la presentada por el presidente Enrique Peña Nieto, a la que se hicieron modificaciones de fondo, toda vez que se eliminó la pretensión de eliminar a las policías municipales y de que el gobierno federal pudiera disolver aquellos ayuntamientos infiltrados por el crimen organizado.
“Hay cambios sustantivos que frenaron también la pretensión centralista y el debilitamiento del gobierno y el ámbito municipal”, recalcó en tribuna el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Alejandro Encinas.
Al dictamen previamente consensado, que el PAN se había negado a reconocer, luego de las elecciones del pasado 5 de junio, se le incorporó un adéndum, con diversos cambios -propuestos por Acción Nacional- en el que se establecen candados, o contrapesos, “para evitar exceso de poderes”, recalcó el presidente de la Comisión de Justicia, el panista Fernando Yunes.
Entre ellos, que en caso de que se decida la intervención de una corporación policíaca estatal que haya incumplido las bases del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se requerirá la aprobación del Senado.
Se elimina además la facultad que “por oficio” se daba al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de delegar de manera temporal la función policíaca en cualquier orden de gobierno.
Se borró del dictamen la disposición de que en caso de que la federación asuma las tareas de seguridad pública de alguna entidad o un estado se haga cargo de la tarea policíaca de un municipio, de todas formas el costo correrá a cargo de quienes delegan la función.
Se aprobó que en la ley general en la materia que se deberá aprobar, luego de la modificación constitucional, “se establecerán las responsabilidades presupuestales del orden de gobierno de que se trate”.
Aunque se esperaba una discusión prolongada hasta la madrugada, , se pactó que el debate fuera corto, de poco más de dos horas. De entrada, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el priísta Enrique Burgos, recalcó que se convino en construir y fortalecer las capacidades institucionales de los tres órdenes de gobierno, para cumplir con los propósitos de salvaguardar la integridad y derechos de las personas y preservar libertades y paz públicas.
El tema de competencias en materia de seguridad pública se resolvió a través de un modelo mixto de mando, que preserva la función policíaca en los tres órdenes de gobierno, recalcó.
“No se puede tomar por asalto a las corporaciones policíacas”, expuso el panista Juan Carlos Romero Hicks. Y el senador Encinas insistió en que, contra lo propuesto inicialmente por Peña Nieto, se han respetado las competencias municipales y la soberanía local, ya que los asuntos vinculados con la desaparición de poderes y mecanismos de control de los municipios corresponden a los Congresos de los estados.
Destacó asimismo que uno de los cambios incorporados anoche reconoce la facultad de los pueblos y comunidades indígenas en la función de seguridad pública, como lo establece el artículo 2º constitucional respecto a los derechos de los pueblos originarios.
La reforma fue aprobada en lo general por 102 votos a favor, seis en contra y dos abstenciones. El coordinador del PT, Manuel Bartlett, presentó un voto particular en contra de la reforma, por considerar que “desmantela derechos sociales , desvertebra el Estado federal” y significa un paso más hacia la instauración de “un Estado policíaco”.
La minuta fue turnada a la Cámara de Diputados y con ello concluyó el período extraordinario en el Senado.
