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Asciende a 30 cifra de víctimas de ataque en Caballo Blanco

Vigilancia en Coatzacoalcos. Foto Ap

Eirinet Gómez, corresponsal  

Xalapa, Ver. Familiares de las personas que perdieron la vida en el ataque al bar el Caballo Blanco, en Coatzacoalcos, iniciaron los trámites para que este hecho sea considerado como una violación grave a los derechos humanos, se establezca la responsabilidad del Estado mexicano y las medidas de reparación del daño que ameritan.

Con la asesoría del Alan Domínguez Múñoz, defensor independiente de los derechos humanos, las familias ofrecieron una conferencia de prensa para denunciar que hubo muchas omisiones de parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno, que propiciaron este atentado.

Este sábado, la Secretaría de Salud del Gobierno de Veracruz confirmó que un joven de 19 años que se atendía de quemaduras que sufrió durante el ataque al bar, falleció en un hospital de Coatzacoalcos. Con este, el número de víctimas se incrementó a 30.

Entre los familiares se encontraba la madre del joven Agustín Javier Ronzón, Vero Ronzón, quien mencionó que su familia fue revictimizada por algunos medios de comunicación que falsamente informaron que su hijo era el dueño del bar El Caballo Blanco, hecho que derivó en amenazas a su familia y que ella fuera a dar al hospital de la impresión.

La mujer insiste que a su hijo se lo llevó la policía de Seguridad Pública, y luego apareció el video donde se observa fue decapitado. Y posteriormente, algunos medios se encargaron de difundir que era el dueño del Bar Caballo Blanco.

La mujer desmintió lo publicado en medios, y pidió a las autoridades estatales que informen sobre por qué su hijo fue detenido por la SSP y luego aparece en un video donde es decapitado.

En su momento, el abogado de las víctimas Domínguez Muñoz dijo que “Veracruz vive una momento crítico en respeto a los derechos humanos, donde quejas relativas a seguridad y justicia, son las áreas donde más se afligen los derechos humanos”.

Sobre el trámite que iniciaron las víctimas, mencionó que se trata de una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por “violaciones graves a sus derechos, donde buscaremos que sea reparada y garantizada su seguridad, buscaremos una reunión con el ombudsman y el Presidente de la República para garantizar que se haga justicia”, dijo Alan Domínguez.

JSL
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