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Ana Langner
Ciudad de México. La Secretaría de la Función Pública (SFP) reportó que, producto de auditorías promovidas por los Órganos Internos de Control (OIC) de las dependencias de la Administración Pública Federal (APF), se promovió una recuperación de 10,374.5 millones de pesos de enero de 2013 a junio de 2018 para resarcir daños al patrimonio de las instituciones revisadas.
De esta cifra, puntualizó, 525.2 millones de pesos corresponden al periodo de octubre de 2017 a junio de 2018. La autoridad fiscalizadora pormenorizó que, durante el segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2018 se revisó la información de mil,924 auditorías realizadas por los OIC.
Estas auditorías estuvieron orientadas principalmente a la revisión de los procesos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, obra pública presupuesto-gasto corriente y recursos humanos. Lo anterior, explica el organismo, debido a que es en la aplicación de recursos públicos el paso más susceptible a presentar prácticas no deseadas en el quehacer gubernamental.
La SFP puntualiza que, durante el segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2018, se identificó que los OIC registraron 10 mil 647 observaciones.
En el Informe de labores para el Sexto Informe de Gobierno, la SFP informa también que, de enero de 2013 a junio de 2018, fueron reintegrados 8 mil 305.2 millones de pesos a la Tesorería de la Federación, producto de auditorías realizadas para verificar la correcta aplicación de los recursos públicos federales de los fondos y programas transferidos a las entidades federativas, municipios y a las alcaldías de la Ciudad de México, en donde se detectaron irregularidades.
El organismo señala que la auditoría a los recursos públicos federales, es un mecanismo indispensable de control para el combate a la corrupción y un elemento fundamental para asegurar una gestión gubernamental eficaz.
En relación al Registro de Servidores Públicos Sancionados, la SFP reportó que, durante el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2017 al 31 de julio de 2018, se registraron 7 mil 469 sanciones administrativas, en las que estuvieron involucrados 5 mil 796 servidoras y servidores públicos de la APF, quienes incurrieron en faltas administrativas en el ejercicio de sus funciones.
Del total de medidas sancionatorias, existen 2 mil 004 inhabilitaciones, 2 mil 294 suspensiones, 352 destituciones, 2 mil 064 amonestaciones, entre públicas y privadas, además de 755 sanciones económicas, con un monto superior a los 2 mil 003 millones de pesos, buscando resarcir el daño o perjuicio causado al erario federal.
En el texto se reporta que, las principales causas de las sanciones impuestas por la SFP, han sido la negligencia administrativa, el incumplimiento en la presentación de la declaración patrimonial, la violación en los procedimientos de contratación, el abuso de autoridad, la violación a las leyes y normatividad presupuestaria, así como el cohecho y extorsión.
En el reporte se precisa que, la cantidad de sanciones impuestas ha presentado un decremento del 4.1 por ciento con relación a lo reportado en el anterior informe de labores, y el 2.4 por ciento menos en el número de las y los servidores públicos sancionados.
