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Busca PRI precisar ley sobre declaraciones patrimoniales de particulares

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Por Roberto Garduño y Enrique Méndez

Ciudad de México. El PRI en la Cámara de Diputados anunció que realizará consultas con el Tribunal Fiscal de la Federación y juristas para, de ser necesario, presentar una iniciativa que precise que la nueva obligación de las empresas a presentar declaraciones patrimoniales cuando obtengan recursos o contratos gubernamentales no aplica a trabajadores ni beneficiarios de programas sociales.

Sin embargo, el vicecoordinador del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, aclaró que el fondo de la disposición, incluida en la Ley General de Responsabilidades Administrativas aprobada anoche y cuestionada por los empresarios, es inamovible.

La obligación, dijo en conferencia de prensa en la Cámara, es para los directivos, encargados de las licitaciones y los cabilderos, que son “el eje de la estrategia para burlar la ley” y parte de la cadena de corrupción.

De lo que se trata, insistió, es cerrar la puerta a los trucos con que se crean empresas fantasma para lograr contratos y que “son parte del cochupo”.

Acompañado de un grupo de diputados de los tres sectores del PRI, entre éstos el ex presidente de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio (Concanaco), Jorge Dávila Flores, Ramírez Marín dijo que si en la discusión del inciso c del artículo 32 de la citada ley el tricolor no realizó el ajuste para evitar la interpretación del alcance de esa obligación, se debió a que el PAN “quería todo o nada”.

Es decir, explicó, que se suprimiera ese inciso, cuando éste forma parte del mecanismo para evitar los moches, práctica ejercida por los gobiernos y legisladores panistas, a través de empresas vinculados a ellos.

“Sin este instrumento no se podría conocer si los integrantes de las empresas han sido o son parientes, si es su yerno, su primo o el esposo de su sobrino”, explicó.

Sin embargo, señaló que si se interponen amparos contra la ley o bien de las consultas con el Tribunal Fiscal, abogados y especialistas se desprende que se puede afectar a empleados de las empresas e incluso a los beneficiarios de los programas sociales o becarios, se presentará una iniciativa que lo corrija.

Dávila Flores explicó que la iniciativa buscaría aclarar quiénes son los sujetos obligados de la ley.

Mientras, en un comunicado dirigido a la Cámara de Diputados, la ONG Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, cuestionó la redacción del citado artículo, porque “tiene muchos visos de “revancha y afecta a la sociedad en su conjunto”.

Esto porque, indicó, “todos los trabajadores de las empresas que obtengan contratos de con dependencias del gobierno tendrían que presentar sus declaraciones”.

Consideró que el impacto incluiría a quienes laboren en periódicos, estaciones de radio o televisión que reciban publicidad oficial, porque serían obligados a presentar declaraciones ante cada uno de los órganos internos de control de las dependencias.

“También trabajadores de hoteles y restaurantes donde coman o se hospeden servidores públicos, y así todos los trabajadores de las empresas que vendan lápices, computadoras, cemento, servicios de limpieza o cualquier otro producto o servicio a dependencias y entidades de gobierno”, resaltó.