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Rubén Villalpando, corresponsal
Ciudad Juárez. El Tribunal Unitario Agrario de Chihuahua comenzó este lunes trabajos técnicos en la comunidad rarámuri, Coloradas de la Virgen, municipio Guadalupe y Calvo para medir y localizar mojoneras, ranchos, rancherías y parajes al interior de las tierras del lugar, donde han sido invadidos y agredidos durante décadas por caciques regionales que explotan las maderas y otros recursos naturales.
La Organización Indígena Alianza Sierra Madre A.C. dio a conocer que por mandato del Tribunal Unitario Agrario Distrito 5 (TUA 5) emitido el 3 de julio de 2021, se ordena iniciar trabajos al interior de la comunidad Coloradas de la Virgen.
Con esta actividad van a identificar la superficie que corresponde al territorio en posesión ancestral de la comunidad y estará a cargo del ingeniero designado por el TUA 5, además participarán comisiones del ejido Coloradas, así como las autoridades tradicionales y representantes comunitarios de Coloradas de la Virgen.
Debido a que estos últimos son beneficiarios del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, se solicitó con anticipación que las autoridades estatales brinden la mayor protección a la integridad física de los miembros de la comunidad indígena, a fin de que los trabajos culminen sin ningún incidente en el plazo previsto de aproximadamente 15 días.
La alianza Sierra Madre AC solicita a las organizaciones sociales y no gubernamentales y a la sociedad en general estar atentas al desarrollo de las actividades y, de esta manera, acompañar a las autoridades tradicionales y a representantes de la comunidad Coloradas de la Virgen en la defensa de sus bienes naturales y simbólicos: bosque, agua, flora, fauna y centros ceremoniales
Demanda en la CIDH
El pasado 11 de junio del 2021 llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la comunidad rarámuri (Tarahumara) de la comunidad de Choréachi, del municipio de Guadalupe y Calvo en la parte sur de la entidad, para denunciar en una primera audiencia que no tienen el reconocimiento legal del estado sobre la propiedad de su territorio ancestral y que un grupo de personas mestizas de una comunidad vecina, busca el control de la zona generando violencia sistemática consistente en homicidios, amenazas con armas de fuego, quema de viviendas, robo de ganado, violación de mujeres, desplazamiento forzado, entre otras irregularidades.
“En esa audiencia un grupo de cuatro Tarahumaras piden una investigación eficaz de los diversos hechos de violencia denunciados, entre ellos el homicidio del activista Juan Ontiveros, acoso sexual a mujeres, homicidios y otros”, además de solicitar “que exista una adecuada coordinación entre el gobierno federal y estatal y presencia
Los representantes de la comunidad rarámuri: Prudencio Ayala Chaparro, Primer Gobernador, Ángel Manchado Ramos, Segundo Gobernador, Prudencio Ramos Ramos, Primer Comisario de Policía y Ángela Ayala Ramos, Segunda Comisaría de Policía en representación de la Alianza Sierra Madre A.C. (ASMAC) y del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) de las comunidades de Choréachi, también conocida como ‘Pino Gordo’, que se ubica en el corazón de la Sierra Tarahumara, dentro del municipio de Guadalupe y Calvo, en el estado de Chihuahua, en México cuentan con una población cercana a 1000 personas.
Durante la audiencia transmitida por redes sociales, informaron los indígenas que “las autoridades mexicanas tienen conocimiento de la problemática desde 2013 y desde marzo de 2017 existe una Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) para que se implementen medidas de protección a la comunidad, sin que a la fecha se haya atendido adecuadamente”.
La disputa por el territorio comenzó en 1969, a partir de finales del 2013 se incrementó exponencialmente la violencia sufrida contra la comunidad, lo cual se denunció ante las autoridades correspondientes. Ante la falta de respuesta, en 2014 se acudió por primera vez ante la Comisión interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exponer la situación que vive la comunidad rarámuri de Choréachi a consecuencia de su legítima defensa de territorio y recursos naturales; la Comisión requirió al Estado mexicano adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las personas que lideraban las denuncias colectivas. Estas medidas nunca fueron aplicadas, por el contrario, la situación de riesgo aumentó y las medidas fueron ampliadas a todas las personas indígenas de la comunidad.
Por 50 años la comunidad rarámuri ha defendido su territorio, enfrentando agresiones sistemáticas. Actualmente el reconocimiento de su propiedad, se encuentra por resolver ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informaron.
En febrero de 2017, tras el asesinato de Juan Ontiveros Ramos, defensor indígena del territorio y el medio ambiente y ante la ineficacia del Estado mexicano en la adopción de medidas suficientes, las organizaciones que acompañan a las personas beneficiarias solicitaron que se acudiera a la CoIDH para la atención del asunto; esta última resolvió otorgar medidas provisionales a la comunidad de Choréachi, mismas que siguen sin aplicarse, aún después de una segunda resolución dictada en junio del 2020.
