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Cambio jurídico a militares, riesgo a los derechos humanos: especialistas

Militares transitan por la calle San Cosme, en la Ciudad de México. Foto Cristina Rodríguez

Roberto Garduño

Ciudad de México. Otorgar mayores facultades al Ejército y a la Marina en labores de seguridad pública, “representa un riesgo, y el futuro no sería nada halagüeño porque restaría legitimidad a las fuerzas armadas, fenómeno que podría seguirse socavando en los próximos años”, coincidieron especialistas de la UNAM, del CIDE y de organizaciones civiles que acudieron a la Cámara de Diputados.

Durante el foro ‘Alternativas para una seguridad no militarizada en México’ se advirtió que aprobar reformas que aumenten las capacidades de las fuerzas armadas implicaría un riesgo en materia de derechos humanos: con la expansión de las tareas del Ejército se está perdiendo la multifuncionalidad del fenómeno de la seguridad púbica; la prevención y otras dimensiones de un fenómeno tan complejo quedan ocultos con la presencia de la coerción militar para solucionar esos problemas.

Carlos Silva especialistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, expuso que es necesario “ahondar los diagnósticos de los que hoy en día carecemos, para saber en qué punto se puede limitar la participación militar, y aumentar la participación civil (en actividades de seguridad pública), pero esto no es el camino que se está transitando, es el camino inverso que nos hace pensar que el futuro no sería nada halagüeño en ese sentido, comprometiendo la participación de las fuerzas armadas, porque una fuerza sin control es una fuerzas que genera costos para la población. Eso sería una consecuencia grave para la propia legitimidad del Ejército, que se podría seguir socavando en los próximos años.

Vidal Llerenas diputado por Morena, refirió que entre la sociedad se ha impuesto una narrativa, desde el poder, de “que tenemos un grave problema de seguridad pública, que no hemos podido construir policías locales confiables, y la única opción es el Ejército, que cuando llega el Ejército las cosas mejoran”.

También Catalina Pérez Correa González reprochó la intención de garantizar la suspensión de garantías a las actividades del Ejército en seguridad pública. “Lo que ahí se establece es que sea lo más fácil posible suspender las garantías constitucionales, cuando tendría que ser lo más extraordinario y lo más difícil de hacer”.