“Cada vez hay más hambre” se muestra en comedores populares de Argentina
14 febrero, 2024
México, balón en el juego electoral estadunidense
14 febrero, 2024
Martín Sánchez Treviño, corresponsal
Ciudad Victoria, Tamps. El gobierno de Estados Unidos extraditó a México a Alan A, a quien se implica en la masacre de 16 migrantes perpetrada el 21 de enero de 2021 en la comunidad Santa Anita del municipio fronterizo de Camargo. El detenido perteneció al Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública estatal durante la administración que encabezó el panista Francisco García Cabeza de Vaca (2016-2022).
El ex policía estatal fue capturado por la Patrulla Fronteriza en la región Valle del Río Grande en Kyle, Texas. Fuentes aseguraron que Alan A ingresó sin documentos a esa entidad estadunidense hace tres años.
Luego de ser aprehendido, Alan A fue entregado en el puente internacional Hidalgo-Reynosa a las autoridades ministeriales de Tamaulipas. Se le atribuye participar en la matanza de 12 migrantes de origen guatemalteco, dos mexicanos y un salvadoreño, que intentaban cruzar la frontera entre México y Estados Unidos.
De acuerdo con la respectiva carpeta de investigación, los policías del Grupo Operativo Especial de la Secretaría de Seguridad Pública tamaulipeca interceptaron dos camionetas; dispararon a quemarropa a los migrantes que viajaban en esos vehículos hasta darles muerte, y posteriormente se incineró a los cadáveres en el poblado Santa Anita del municipio de Camargo.
Al momento se ha condenado a 50 años de prisión a 11 ex policías estatales por los delitos de homicidio, abuso de autoridad y crímenes en contra de la administración de justicia. Se identifica a los sentenciados como Mayre E. V., Horacio Q., Cristian E. G., Héctor J., José L. L., Jorge C., Carlos R., Horacio R., Edgar M., Williams F., y Jorge A. C.
Además se confirió al ex agente Ismael V. la categoría de testigo protegido, y se le condenó a 19 años de cárcel por abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia.
Además de purgar sus condenas, los convictos deberán pagar 335 mil 709 pesos a los deudos de cada una de las víctimas.
