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Celebra Córdova reinstalación de Edmundo Jacobo en Secretaría del INE

Lorenzo Córdova Vianello, celebró el regreso de secretario ejecutivo Edmundo Jacobo al Consejo del INE. Foto José Antonio López

Redacción

Ciudad de México. La suspensión definitiva que una jueza le otorgó al secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), Edmundo Jacobo Molina para que sea reinstalado en su cargo es el primero de muchos reveses jurídicos que sufrirá el Plan B, afirmó el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello.

Tras recordar que el instituto interpuso una segunda controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), respaldó la labor del funcionario electoral, quien fue destituido del cargo con la entrada en vigor de la reforma electoral.

En un video publicado en las redes sociales, expuso que se trata de “un funcionario probo, honesto y comprometido, al que el sistema electoral y la democracia le deben mucho”, por lo que la suspensión definitiva en contra del cese que le impuso la reforma representa su reinstalación.

“Con ello, estos cambios legales, arbitrarios, antidemocráticos e inconstitucionales del Plan B sufrieron su primer revés jurídico, el primero, estoy seguro, de muchos que vendrán en la batalla por reinstaurar el orden democrático y constitucional en nuestro país”, subrayó.

Córdova Vianello aseguró que, con la entrada en vigor del Plan B, “también entró en su fase decisiva la batalla jurídica para defender ante los tribunales de la República nuestra democracia y el orden constitucional que esas reformas legales violan abiertamente”.

Insistió en que la reforma electoral, orquestada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, vulnera los cinco pilares del sistema electoral democrático que son la autonomía e independencia de las autoridades electorales, el Servicio Profesional Electoral Nacional, la estructura permanente del INE en todo el país, la integridad de nuestro padrón electoral y las condiciones de equidad en la competencia que impiden a los gobiernos y los funcionarios públicos intervenir en las campañas electorales.