Por Elio Henríquez, corresponsal
San Cristóbal de Las Casas, Chis. La Asociación Civil Unidos Diferentes (UDAC), afirmó que por instrucciones de su presidente, Eduardo Ramírez Aguilar, el congreso de Chiapas “negoció” con diversas agrupaciones evangélicas “bloquear la iniciativa de matrimonio igualitario a cambio de apoyo en las acciones en contra de los maestros” de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que están en paro de labores desde el 15 de mayo pasado.
“Es inadmisible que desde el poder legislativo se negocie con los derechos humanos a cambio de favores políticos, para evitar de manera arbitraria que la reforma de matrimonio igualitario sea presentada, discutida y aprobada”, añadió la agrupación.
En un comunicado agregó que en la legislatura se han realizado “constantes reuniones privadas” con representantes de iglesias evangélicas, a fin de “establecer acuerdos políticos para el intercambio de favores, poniendo a negociación asuntos exclusivamente relacionados con el reconocimiento de los derechos humanos”.
Abundó: “Se nos ha informado sobre las constantes reuniones que se dieron entre las agrupación evangélicas de Chiapas, el presidente del Congreso y la Comisión de Asuntos Religiosos para acordar el intercambio de favores políticos. Nos han señalado, lamentablemente, que el presidente del Congreso se comprometió a no dejar pasar la reforma de matrimonio igualitario si las asociaciones evangélicas comprometían su apoyo en torno a las acciones contra la CNTE”.
Sostuvo que “los hechos señalados fueron ratificados por la misma presidenta de la Comisión de Asuntos Religiosos, María Concepción Rodríguez Pérez, quien admitió públicamente las reuniones privadas con agrupaciones religiosas evangélicas como el Consejo Estatal de Iglesias Evangélicas, la Confraternidad de Chiapas A.C. y las diferentes agrupaciones de pastores, Iglesias y Ministerios de Chiapas”.
Ante ello exigió al poder legislativo estatal, especialmente a su presidente Ramírez Aguilar, “no mezclar asuntos políticos y religiosos con un tema que compete exclusivamente a los derechos humanos, y la aplicación de lo establecido por las Constitución Mexicana y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”.
