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Cuenta ya el Seguro Popular con vigilancia de sus gastos

El comisionado del Seguro Popular, Antonio Chemor, en entrevista para 'La Jornada'. Foto Cristina Rodríguez

Ángeles Cruz Martínez

Después de 15 años de operación del Seguro Popular, por primera vez existe un mecanismo de vigilancia y seguimiento del dinero que se envía a los estados para financiar los servicios de salud. También se abre la posibilidad de ampliar la cobertura a tratamientos de diálisis o hemodiálisis, así como trasplantes de riñón para adultos. Depende de que así lo decidan los estados, ya que estos procedimientos están fuera del catálogo de servicios del esquema.

Para ello las entidades tendrían que hacer uso de una parte de la Aportación Solidaria Estatal (ASE), que por ley les corresponde efectuar en favor del Seguro Popular, con base en las nuevas reglas que garantizan la existencia de dicha contribución, así como la posibilidad de destinarla a atención médica y mantenimiento de la infraestructura, afirmó Antonio Chemor Ruiz, recientemente designado titular de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS).

El funcionario sustituyó en el cargo a Gabriel O’Shea, quien ahora se desempeña como secretario de Salud del estado de México. Chemor ha estado en la CNPSS desde 2013. Tenía a su cargo la dirección general de financiamiento y desde ahí organizó el Sistema de Gestión Financiera (Sigefi), que se apoya en la facturación electrónica y la colaboración con el Sistema de Administración Tributaria, para asegurar la comprobación de gastos y evitar desvíos, mal uso y abuso de los recursos.

En entrevista, el funcionario se refirió a las nuevas disposiciones y comentó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló de manera reiterada un grave problema de dispendio en la compra de medicinas. Sólo en lo que va del año, indicó, se han ahorrado 149 millones de pesos por las modificaciones legales y administrativas que, entre otras medidas, obligan a respetar los precios de referencia fijados en el nivel central.

En 2015 entró en vigor una reforma a la Ley General de Salud, por la cual se dispuso que el dinero para el pago de medicinas (30 por ciento del total de recursos) se entregue mediante cuentas de la Tesorería de la Federación (Tesofe), con lo que no hay dispendio y se garantiza el pago oportuno a proveedores.

El cambio legal incluyó agregar otro porcentaje, que llegará a 20 por ciento en 2018, el cual también se deposita en las cuentas de la Tesofe. Se puede usar únicamente para servicios integrales, es decir, los insumos en hospitales (oxígeno, alimentos, vigilancia).

Con esto ya suma la mitad del dinero que está bajo control y vigilancia estricta. Otro 40 por ciento, destinado al pago de salarios, se vigila con el Sigefi y se garantiza que 80 por ciento de las plazas son del área médica y, sólo 20 por ciento, administrativas.

La falta de control del pasado llevó a excesos como que un trabajador cobrara dos o tres salarios por diferentes plazas en el mismo turno laboral o que en las nóminas hubiera nombres de personas fallecidas.

A causa del mal uso y desviaciones de años anteriores, la CNPSS integró 23 denuncias penales contra siete entidades federativas, por 7 mil 412 millones de pesos. El monto cubre de 2007 a 2014. El caso más reciente y de mayor monto fue el de Veracruz, pero también está Michoacán, que entre 2007 y 2013 omitió comprobar el uso de 3 mil 474 millones de pesos. Ahora esta entidad es una de las más ordenadas en sus cuentas y reportes.

Respecto de la ASE, la ley señala que por cada cinco pesos que aporta la Federación, los estados ponen uno. Hasta hace un año, 17 entidades no aportaban nada y 15 cubrían sólo una cuarta parte con dinero en efectivo, y lo demás era en especie. A partir de 2017, 30 por ciento de la ASE debe ser dinero líquido, 6 por ciento debe aplicarse en mantenimiento de infraestructura y pueden asignar hasta 20 por ciento al pago de las terapias para enfermos con insuficiencia renal crónica y trasplantes de riñón de adultos, lo que ya realizan los estados de México, Coahuila y Colima. En Quintana Roo y Michoacán está en proceso la apertura de una unidad de hemodiálisis.