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De enero a agosto, más de mil incidentes violentos en cárceles del país

Familiares de personas recluidas en el penal de Topo Chico esperan informes horas después de que ocurrió un motín, en febrero de 2016. Foto Erick Muñoz

Fernando Camacho Servín

Ciudad de México. Tan sólo de enero a agosto del presente año, han ocurrido más de mil incidentes violentos en cárceles de todo el país, muchos de los cuales están directamente relacionados con la sobrepoblación de los penales, que a su vez genera situaciones de “autogobierno”, tortura y otras formas de violencia.

Así lo advirtió la asociación civil Documenta, que lamentó la falta de conocimiento y de aplicación por parte de las autoridades de la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP), cuyos lineamientos permitirían tener una mayor vigilancia externa de las prisiones, y por lo tanto la posibilidad de encontrar soluciones a la crisis que enfrenta el sistema penitenciario.

En conferencia de prensa, María Sirvent, coordinadora institucional de Documenta, señaló que las prisiones son lugares en donde existen, por un lado, altos niveles de represión en contra de la mayoría de los internos, pero al mismo tiempo una situación anómala de privilegios indebidos para algunos otros reos.

Una muestra de las deficiencias del sistema es que de 401 cárceles de todo el país, al menos 159 se encuentran sobrepobladas (equivalentes al 40 por ciento del total), de las cuales el 56 por ciento presentan esquemas de “autogobierno” por parte de algunos internos, generalmente vinculados a grupos de la delincuencia organizada.

En los primeros ocho meses de 2017, puntualizó la especialista, Documenta logró registrr mil 22 incidentes violentos en las prisiones mexicanas, de los cuales 515 fueron riñas, 213 agresiones a terceros y 7 homicidios.

De igual forma, la organización tomó nota de 185 internos muertos por diversas razones, tan sólo de enero a julio de este año, lo cual arroja un promedio de uno cada 24 horas.

A la falta de seguridad dentro de las cárceles, se suma el hecho de que las autoridades no cumplen con garantizar el derecho de las personas privadas de la libertad a la salud, la educación y la capacitación laboral.

Roberto Cortés, abogado de Documenta, indicó por su parte que todas estas irregularidades podrían comenzar a solucionarse si las autoridades conocieran y aplicaran la LNEP, aprobada en 2016, y que incluye la posibilidad de que las organizaciones civiles interpongan juicios de amparo sobre diversos aspectos del sistema judicial, aun sin estar involucradas en un tema particular.

Pese a ello, lamentó, un juez de amparo le negó precisamente ese beneficio a Documenta, que había solicitado dicha herramienta en contra de la sobrepoblación penitenciaria.

JSL
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