Demanda Congreso de BC a tres de ‘Mexicali Resiste’

Antonio Heras, corresponsal

Mexicali, BC. La Procuraduría General de Justicia de Baja California investiga a tres integrantes del movimiento social Mexicali Resiste por los delitos de despojo y privación ilegal de la libertad, de acuerdo a la carpeta de investigación 0202/20017/42577.

La denuncia la interpuso el presidente del Congreso de Baja California, Benjamín Gómez, en contra del dirigente de esta organización civil, León Fierro, de otros de sus líderes, Tania Gallaga y Alan Barrera, así como de quien resulte responsable.

Fuentes consultadas señalaron que el delito de privación ilegal de la libertad es porque los manifestantes bloquearon las puertas del Congreso con cadenas y candados por lo que los guardias quedaron encerrados en el inmueble.

En contraparte, integrantes del movimiento Mexicali Resiste presentaron la denuncia en contra de agentes de corporaciones policíacas por los delitos de abuso de autoridad y lesiones de Mónica y Esther Pozo durante el desalojo que realizó la fuerza pública. En el número único de caso 0202/2017/42822 se asientan hematomas en los brazos de las activistas a causa de la sujeción de policías para recuperar las instalaciones.

Por su parte, abogados que integran el organismo Mexicali Consciente preparan una denuncia colectiva contra algunos diputados locales y funcionarios estatales por tráfico de influencias por el desalojo de las instalaciones legislativas, toda vez que advirtieron que los citatorios de los activistas se realizaron en 24 horas y en calidad de imputados.

En la madrugada del domingo 1 de octubre, alrededor de las 04:30 horas, agentes policíacos irrumpieron en las instalaciones del Poder Legislativo para recuperarlo ya que se encontraba en poder de opositores a la aprobación de los dictámenes 94 y 95 de proyectos de Asociaciones Público Privadas y de instrumentación del Centro de Control, Comando, Comunicaciones e Inteligencia (C5) al considerar que representa el incremento de deuda pública para la entidad.

Durante la noche del 29 de septiembre activistas de los movimientos Mexicali Resiste y Baja California Resiste tomaron el Congreso estatal para evitar que se sometieran a votación dichos dictámenes que, de manera inicial, se excluyeron del orden del día de la sesión legislativa ante el disenso de grupos parlamentarios y la presión social.

Antes de iniciar la sesión del viernes se produjo un enfrentamiento verbal con un grupo de hombres y mujeres que llenaron la sala de sesiones para acallar las protestas, el cual fue conducido al Congreso por el exregidor panista Abraham Medina.

Confrontación

Una vez recuperadas las instalaciones por la fuerza pública, el congreso local anunció en un comunicado que fueron presentadas “denuncias penales por las afectaciones por la intolerancia y los excesos de quienes en forma equivocada pretenden imponer criterios que no corresponden a lograr un clima de concordia institucional”.

Además, dio a conocer que se aportaron “nombres, imágenes y pruebas que acreditan fehacientemente la comisión de conductas ilegales que deben ser sancionados conforme a la ley”.

En entrevista, Francisco Rueda Gómez, secretario General de Gobierno, desestimó la movilización de activistas locales al sostener que la organización Mexicali Resiste está financiada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

En su momento, el gobernador Francisco Vega de Lamadrid calificó a Mexicali Resiste como un grupo violento, cuyos integrantes se oponen a todo y no proponen nada, que “día a día es reprobado por los bajacalifornianos.

“Entiendo las diferencias, pero no queremos en Baja California a grupos violentos, ni permitir que lesionen a nadie”, señaló Vega de Lamadrid en referencia a la acusación de que los activistas lanzaron heces fecales y orines a los policías durante el desalojo.