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Deplora Coneval recorte de 62% al programa de reconstrucción

Elementos de la SSC contienen una marcha de habitantes de Chimalhuacán que exigen a la Sedatu viviendas en óptimas condiciones, sobre Paseo de la Reforma, Ciudad de México. Foto: Alfredo Domínguez

El recorte presupuestal al Programa Nacional de Reconstrucción de 62 por ciento este año, respecto a 2019, afecta a la estrategia que busca apoyar a los afectados por los sismos de 2017 y de febrero de 2018 que perdieron sus viviendas. Además pone en riesgo el avance en la reconstrucción integral de las localidades que aún no han sido atendidas por completo, indica la Evaluación de Diseño con Trabajo de Campo 2019-2020 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Menciona que la respuesta institucional de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano sólo indica que atendió una recomendación y quedan 12 pendientes.

Refiere que los mecanismos de coordinación interinstitucional establecidos por el programa deben de enfocarse en la atención del problema de manera integral y organizada por todos los sectores involucrados en la resolución del problema.

Detalla que se encontraron avances de la intervención, aun cuando estos resultan insuficientes para la atención total de las infraestructuras de vivienda, física, educativa, de salud y de bienes históricos, artísticos y culturales, por lo que un número importante de familias y de comunidades aún requieren de la protección y garantía a sus derechos humanos por parte del Estado.

Recuerda que el programa otorga subsidios para la reconstrucción o rehabilitación de la infraestructura en vivienda, instalación de educación, salud, y cultura. Atiende a localidades afectadas de Chiapas, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Ciudad de México.

Durante 2019, el programa contó con un presupuesto de 8 mil millones de pesos, con los cuales se otorgaron 36 mil 495 apoyos de vivienda, 296 apoyos de rehabilitación, reconstrucción y equipamiento de planteles educativos.

Recomienda que la transferencia de los recursos se realice a un Organismo ejecutor de obra, el cual debería acordar los proyectos en conjunción con los beneficiarios a fin de fortalecer los mecanismos de producción social, y aumentar la eficacia y eficiencia de los recursos, con una administración más ágil.