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Antonio Heras
Mexicali, BC. Por mayoría, el Congreso de Baja California designó al abogado Alejandro Ruiz Hernández, El Titi, como fiscal General del Estado, quien aseguró que mantendrá autonomía e independencia del gobernador Jaime Bonilla.
Durante la madrugada de este viernes, Ruiz esperó la resolución del pleno parlamentario en la oficina de Bonilla, de quien es amigo y ha sido su abogado durante los últimos años. Reunidos en la sala de juntas conversó con el propio gobernador y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien acudió a la toma de protesta del nuevo gobernador, y les propuso una Mesa de Justicia para coordinarse con el Poder Judicial en diversos asuntos para no ser una “puerta giratoria”.
Hasta ahí, en el tercer piso del Poder Ejecutivo, llegó Amador Rodríguez Lozano, secretario General de Gobierno, para informarles el resultado de la votación de la terna propuesta por el gobernador Bonilla, a favor de Ruiz Hernández, por 23 votos y dos en contra.
Entre otros datos Rodríguez Lozano les reveló que los votos en contra fueron de las panistas Eva María Vázquez, diputada reelecta, y Loreto Quintero, oficial Mayor en el gobierno de Kiko Vega, pese a que la votación se dio por cédula, es decir sufragios emitido en privado y depositados en una ánfora.
La reforma, que canceló la convocatoria abierta para ocupar el cargo, entre los abogados de la entidad, y que sustituyó por una terna propuesta por el propio Jaime Bonilla, y modificó también la edad límite para ser fiscal —pues Ruiz tiene 70 años, 10 más que el requisito original—, fue presentada el 10 de octubre por el panista Miguel Ángel Bujanda, secretario particular, primero, y después coordinador de gabinete de Vega de Lamadrid.
Al conocer la votación, Sánchez Cordero preguntó por la composición del Congreso local: siete de oposición, entre ellos tres panistas, cinco aliados y 13 de Morena, “a los que hay que darles… argumentos”, acotó Bonilla sonriente al percatarse que su reunión era transmitida en redes sociales.
De manera nominal, la Fiscalía General del Estado tiene autonomía del Poder Ejecutivo y cuenta con facultades de las desaparecidas Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Estará integrada por cinco fiscalías, además de las especializadas en anticorrupción y la de delitos electorales.
El Congreso local desapareció también a la Policía Estatal Preventiva, creada en el gobierno de Eugenio Elorduy, y en su lugar operará una corporación con los mismos elementos estatales y con municipales que se coordinará con la Guardia Nacional.
Ruiz Hernández, el único de la terna presente en el Centro Cívico, se comprometió a presentar su plan de trabajo el viernes 8 de noviembre.
El Sistema Penitenciario del Estado, ahora a cargo del abogado Cuauhtemoc Castilla, pasó del organigrama de la SSPE a la Secretaría General de Gobierno.
