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Disuelven la Policía Estatal de Caminos de Chihuahua por corrupción

Gilberto Loya, titular de la SSPE y Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, en una imagen de archivo. Foto @comisarioloya

Rubén Villalpando, corresponsal

Ciudad Juárez. La Policía Estatal de Caminos fue disuelta debido a los altos índices de corrupción que detectó el actual gobierno, y a los nulos resultados que dieron en materia de prevención, desde que fue creada en febrero de 2020, en la administración del panista Javier Corral Jurado, informó el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya.

Desde su creación, empresarios y propietarios de camiones de carga denunciaron que eran extorsionados por los elementos de esta corporación cuando circulaban por carreteras estatales, comentó.

“Nunca fue necesaria una Policía Estatal de Caminos, pues desde hace años opera de manera efectiva la Policía de Caminos de la Guardia Nacional en Chihuahua y el país”, explicó.

El titular de las fuerzas estatales de seguridad precisó que además, de que los agentes son integrados a otras actividades, se prepara un proyecto formal para consumar la disolución de dicha corporación.

Ahora se prioriza “la razón de ser de las policías en todo el estado”. Por lo que “necesitamos tener mayor presencia y los pocos resultados que tuvo esta agrupación; fue algo que se tomó en cuenta”, mencionó.

Por este motivo se envió a la Secretaría General de Gobierno, la solicitud formal, para la desintegración de la Policía Estatal de Caminos, dijo el funcionario.

Los elementos que conformaban esta corporación fueron destinados a concentrarse en policías de proximidad; sobre todo en municipios como Cuauhtémoc, Juárez y otros donde existe alta incidencia delictiva, mencionó.

En febrero de 2020, se anunció la creación de la Policía Estatal de Caminos con un grupo élite que pertenecía a la División de Policía Vial de la Comisión Estatal de Seguridad, a la que se comisionó para encargarse de salvaguardar la integridad de la población mediante programas y acciones orientados a garantizar el orden público y evitar la prevención de delitos.