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Redacción
Ciudad de México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación General 31/2017, dirigida a las instituciones de salud, con el objetivo de describir y visibilizar la violencia obstétrica y eliminar toda práctica que vulnere los derechos humanos de las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio, sin que ello implique criminalizar ni estigmatizar la labor médica.
Dicha recomendación, añadió el organismo público, también busca contribuir a que las autoridades sanitarias identifiquen y combatan aquellas violaciones a derechos humanos de las mujeres en cuanto a la atención obstétrica que reciben.
La CNDH llamó a dichas instituciones a diseñar y poner en práctica una política pública de prevención de violaciones de derechos fundamentales de las mujeres en gestación, centrada en su reconocimiento como protagonistas en la relación materno-fetal, que atienda las perspectivas de derechos humanos y de género.
Para ello, “deben impulsarse acciones de capacitación y sensibilización continua del personal de salud de la atención gineco-obstétrica, para contrarrestar prejuicios basados en la discriminación de las mujeres y para el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas; así como proporcionar información a las mujeres usuarias sobre sus derechos y cómo ejercerlos”.
La CNDH reconoció el esfuerzo de las instituciones de salud y de su personal, sin embargo, consideró necesario hacer un análisis y reflexión tras los casos que se le han presentado tanto a sus funcionarios como a los de las Comisiones Estatales, para poner de relieve el trato que en algunas ocasiones reciben las mujeres.
La Recomendación está dirigida a los titulares de las Secretarías de Salud, de la Defensa Nacional y de Marina; Gobernadora y Gobernadores de las entidades federativas; Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, y Directores Generales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de Petróleos Mexicanos.
“Es indispensable que las citadas instituciones realicen un diagnóstico o análisis para detectar las necesidades materiales, de infraestructura y de personal que se requieran para satisfacer las demandas obstétricas de la población objetivo, con calidad y calidez, para informarlo a las autoridades legislativas y doten de los recursos necesarios para solucionar las limitantes del sector salud”, indicó la CNDH.
Para elaborar esta Recomendación General, el organismo analizó las diversas recomendaciones que ha emitido sobre el tema durante 2015, 2016 y 2017, en las que concluyó que los derechos humanos que con mayor frecuencia se transgreden son: a la protección a la salud, a una vida libre de violencia, a la información y al libre consentimiento informado, a la libertad y autonomía reproductiva, a la igualdad y no discriminación, a la integridad personal, y a la vida.
Por ello, la CNDH recomienda también a las citadas autoridades se asuman acuerdos sobre requerimientos técnicos y humanos, y se programe el presupuesto necesario para ampliar y mejorar la infraestructura hospitalaria; que en urgencias se cuente con médicos que atiendan en forma adecuada; que la atención médica sea digna, respetuosa y con perspectiva de género; se implemente en todas las instituciones el “Modelo de Atención a Mujeres durante el Embarazo, Parto y Puerperio con Enfoque Humanizado, Intercultural y Seguro”, de la Secretaría de Salud.
Además, se difunda los derechos humanos de las mujeres, durante la atención del embarazo, parto y puerperio; se fortalezca la vinculación de las parteras y parteros tradicionales al Sistema Nacional de Salud, y se integre el estudio de la violencia obstétrica en los congresos, simposios, foros, seminarios, coloquios, cursos y talleres, orientados al desarrollo académico de médicos y/o especialistas, tomando en cuenta esta Recomendación General.
