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Carlos García
La Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHG) emitió 10 recomendaciones al secretario de Seguridad Pública del estado, Álvar Cabeza de Vaca Apendinni, y al fiscal general Carlos Zamarripa Aguirre por la muerte de un migrante a manos de elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), quienes presuntamente se defendieron cuando fueron agredidos a balazos.
Los elementos que participaron en el operativo, en el que murió Leonardo Reyes Cayente, de 23 años de edad, “fueron omisos en aplicar las directrices complementarias de los principios básicos, como solicitar la presencia de cuerpos de auxilio para procurar atención médica a quien resultara con lesiones producto del empleo de la fuerza”, determinó la PDHG al resolver el expediente de queja 83/18-D.
El 13 de diciembre de 2018, en el municipio de San Miguel de Allende, Leonardo Reyes murió cuando elementos de las FSPE dispararon contra él y un grupo de personas, que presuntamente los atacaron con armas de fuego.
En esa ocasión la Secretaría de Seguridad Pública emitió un comunicado en el que aseguró que los elementos fueron atacados por hombres armados, en la carretera San Miguel de Allende-Juventino Rosas.
Leonardo Reyes iba manejando una camioneta y al ser abatido, impactó la unidad contra un árbol y el resto de los tripulantes huyeron del lugar, difundió la dependencia.
“Ante un peligro inminente de muerte en su contra, repelieron la agresión al ser atacados”, señaló la Secretaría de Seguridad; sin embargo, la familia del migrante los acusó de ejecutarlo extrajudicialmente.
El ombudsman estatal Raúl Montero de Alba dijo que hubo violaciones a los derechos humanos del joven migrante.
Agregó que no se oponen al uso de la fuerza, sin embargo, este tipo de situaciones “no los exime del respeto irrestricto a los derechos humanos y el cumplimiento de la legalidad”.
“Se incurrió en violación al derecho a la vida por parte de los elementos de la policía estatal por haber hecho uso de la fuerza empleando armas de fuego de cargo para repeler una agresión a sus personas, sin contar con la comprensión plena de las directrices y principios que enmarcan, conforme al estándar internacional, la protección del derecho a la vida y la seguridad de las personas, al carecer de la capacitación adecuada que les permitiera discernir cognitivamente el hecho en cuanto a los límites del uso de la fuerza, lo cual realizaron con exceso”, argumentó Derechos Humanos.
En el Ministerio Público (MP) “es donde se deben acreditar y sustentar en forma real los acontecimientos y determinar la existencia o no de un hecho que se configure como delito, porque la protección a los derechos humanos no puede confundirse con la justicia penal”, remarcó.
El organismo emitió siete recomendaciones a Álvar Cabeza de Vaca para que inicie un procedimiento administrativo contra los oficiales José Reyes Ramos Murrieta, Blanca Esther Martínez Martínez, Carmen Rodrigo Vueno Rico, Julio César Hernández Guerra, Carlos Gilberto Rodríguez Luna y Julio César Pérez Grimaldo.
El funcionario debe dotar de atención sicológica a la familia de Reyes Cayente, otorgar garantías efectivas de no repetición, implementar un curso sobre el empleo de la fuerza, debe anexar la investigación de Derechos Humanos al expediente de los policías, designar a un funcionario que dé seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones y colaborar con la integración de la carpeta de investigación 129198/2018 por la muerte del migrante.
Para el fiscal Carlos Zamarripa Aguirre se emitieron tres recomendaciones, entre ellas iniciar un proceso administrativo contra Juan Andrés Jaramillo Suárez y Ramona Álvarez Pérez, agentes del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios en San Miguel de Allende, porque no garantizaron los derechos de condición de víctimas a María Guadalupe Reyes Moreno, María Remedios Sánchez Sánchez y José Renato Cayente Moreno, familiares del joven migrante.
“Instruya a quien corresponda a efecto de que se continúe con la práctica de diligencias de investigación inicial que sean legal y materialmente necesarias dentro de la carpeta de investigación 129198/2018”, solicitó la PDHG.
Además, el fiscal debe entregar las pertenencias de Leonardo Reyes a su familia.
Para el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres, se emitió un acuerdo de vista para reparar los daños ocasionados a la familia del joven migrante y éstas deben incluir “medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantía de no repetición, con motivo de las irregularidades en que incurrieron los elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado”.
