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Por Jesús Aranda
El secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, tiene en su poder testimonios que refutan las versiones de que los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa fueron maltratados o agredidos por los soldados del 27 batallón de Infantería la noche que desaparecieron 43 de sus compañeros en Iguala, Gro.
La Procuraduría General de Justicia Militar recabó declaraciones de testigos directos que aseguran que los soldados no agredieron, ni física ni verbalmente, a los estudiantes que acudieron al Hospital Cristina pidiendo apoyo para uno de sus compañeros que estaba mal herido.
Según la información recabada por el alto mando castrense, el mismo 27 de septiembre de 2014, el capitán que iba al mando del operativo ofreció disculpas a los estudiantes y algunos maestros que los acompañaban, si es que habían sentido que cuando los soldados llegaron al lugar los trataron como “delincuentes”.
La declaración sostiene que el oficial que iba al mando del operativo solicitó una ambulancia para trasladar al estudiante –que no quería que lo atendieran en el nosocomio privado-, pero que éste finalmente fue transportado en taxi antes de que llegara una ambulancia de la Cruz Roja y otra de Protección Civil.
Lo cierto es que las versiones que referían que los soldados trataron mal a los normalistas hicieron mella en el general Cienfuegos, quien ordenó una inmediata averiguación de los hechos.
Por otra parte, el hecho de que la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) haya investigado si alguno de los soldados incurrió en alguna violación a los derechos humanos, contradice la respuesta que la propia procuraduría castrense dio al Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), la cual afirmó que no había llevado a cabo ninguna indagatoria al respecto.
Este reportero solicitó desde marzo pasado a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) le informara si con motivo de los hechos ocurridos en Iguala en septiembre del año pasado, la PGJM había investigado si algún integrante del 27 batallón de infantería había sido sancionado administrativa o penalmente, como consecuencia de actos cometidos la noche que desaparecieron los 43 normalistas.
La Procuraduría castrense negó tener información al respecto, y apenas hace unos días, el INAI le ordenó a la Sedena que revisara nuevamente sus archivos para responder adecuadamente a la petición de información.
El testimonio recabado por la propia PGJM, que forma parte del expediente Ayotzinapa que hizo público la Procuraduría General de la República, demuestra que el alto mando castrense sabe más de lo sucedido en Iguala, que lo que ha hecho público.
El silencio que ha mantenido la Defensa Nacional ha sido contraproducente para la propia institución, ya que, salvo el incidente en el hospital privado Cristina, en el que hubo versiones de que los soldados no auxiliaron a los estudiantes y que incluso se burlaron de ellos, no hay en el expediente referido ningún señalamiento que acuse a los militares por haber ayudado a los policías de Iguala ni a los integrantes del grupo delictivo “Guerreros Unidos”, cuando los normalistas eran agredidos, baleados y perseguidos por los policías municipales.
¿Cuántos datos y versiones, en poder del Ejército, no se han hecho públicos, aún y cuando sean favorables a sus intereses?
Trato desigual de diputados al Ejército y a la Armada de México
Para nadie es un secreto que el Ejército y la Armada de México han luchado coco a codo en el combate al crimen organizado en los últimos años. Los propios legisladores no escatiman elogios en público y privado para las fuerzas armadas, pero a la hora de los hechos, el trato continúa siendo desigual, los marinos siguen siendo subvaluados.
No importa que muchos de los capos más importantes los hayan detenido los infantes de marina, tampoco es tomado en cuenta el esfuerzo de colaborar en materia de seguridad pública en lugares cada vez más alejados de las costas.
El esfuerzo de los marinos en apoyo al combate al secuestro (algo que inexplicablemente no ha hecho público el gobierno federal) tampoco fue puesto en la balanza.
Y es que, por primera vez en muchos años, tanto la Secretaría de la Defensa Nacional como la Marina, lograron colocar como diputados federales a dos pesos pesados, dos ex subsecretarios que apenas hace unos meses pasaron a retiro: El general Virgilio Daniel Méndez Bazán y el almirante Federico Quinto Guillén.
Las expectativas eran altas en ambos casos, tanto el general secretario como el almirante secretario saben de la importancia que tiene el que la Comisión respectiva (Sedena o Marina) sea encabezada por alguien que conozca las fortalezas y debilidades de las fuerzas armadas para impulsar su desarrollo.
Finalmente, el general en retiro Méndez Bazán presidirá la Comisión de Defensa; en cambio, el almirante Quinto Guillén quedó relegado en la Comisión de Marina que encabezará –como premio de consolación- Movimiento Ciudadano.
Cascos Azules Mexicanos
Hace unos días, el presidente Enrique Peña Nieto anunció que México se sumará a las Operaciones de Paz de la ONU este mismo año, y que construirá un Centro de Adiestramiento para que los militares y marinos mexicanos se preparen para ésta nueva aventura.
Si bien, desde hace más de 13 años, militares y marinos comenzaron a preparar cuadros con miras a participar en operaciones de paz, lo cierto es que es el gobierno de Estados Unidos el que quedó más complacido con la decisión.
Durante muchos años, el gobierno estadunidense impulsó diversas medidas para que los países latinoamericanos enviaran tropas al extranjero, lo que les permitiría enfocar sus baterías en aquéllos conflictos en los que realmente están en juego sus intereses vitales.
De acuerdo con el Atlas Comparativo de la Defensa en América Latina y el Caribe 2014, editado por la Red de Seguridad y Defensa de América Latina (Resdal), 11 países latinoamericanos participan en el mantenimiento de la paz, con 6 mil 109 elementos en 15 naciones.
De acuerdo con la experiencia de estos países, el gobierno mexicano tendrá que definir si en el Centro de Adiestramiento que construya, capacitará sólo a soldados y marinos o también a policías y personal civil.
Tendrá que analizar también el número de cascos azules que enviará anualmente, así como el número de elementos que serán adiestrados
En la mayoría de los países latinoamericanos, el ser parte de un contingente de paz es un puesto muy peleado, porque además de recibir el sueldo completo de su gobierno, obtiene un sueldo adicional, pagado por Naciones Unidas, de alrededor de 10 mil dólares anuales.
Aún hay mucho que conocer y analizar sobre la participación de México en los contingentes de paz, ojalá que las fuerzas armadas y el gobierno federal lleven a cabo este proceso de manera informada y transparente, para que la sociedad conozca bien a bien, en qué beneficiará al país que sus fuerzas armadas salgan al exterior, habiendo tantos problemas en el país.
