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Magnitudes
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Ciudad de México. Las escuelas privadas que hayan permanecido cerradas después del terremoto de 19 de septiembre no pueden cobrar colegiaturas y en caso de hacerlo pueden ser denunciadas por los padres de familia ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Son cobros indebidos, indicó la dependencia al anunciar que recibirá todas las quejas al respecto.
“Los prestadores de servicios educativos solamente pueden exigir un pago cuando efectivamente se hayan proporcionado los servicios comprometidos en el contrato, por lo que de no llevarse a cabo, el consumidor no tiene la obligación de liquidarlos”, sostuvo.
La Profeco remarcó que ello es aplicable incluso cuando el impedimento para cumplir con la prestación del servicio sea por una causa de fuerza mayor, es decir, ajena a la propia voluntad del proveedor, como fue el caso del terremoto.
Así está establecido tanto en la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) como en Acuerdo que establece las bases mínimas de información para la comercialización de servicios educativos que prestan los particulares , publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de marzo de 1992, aplicable a educación básica y media superior.
El titular de la Profeco, Rogelio Cerda Pérez, aseveró que la dependencia mantiene coordinación con la Administración Federal de Servicios Educativos de la Secretaría de Educación Pública, la cual también puede recibir quejas o reclamaciones a través del “Buzón Escolar” en el teléfono 3601 8700 o directamente en sus oficinas ubicadas en la calle Parroquia número 1130, colonia Letrán Valle, en la Ciudad de México.
En la Profeco las dudas o denuncias pueden realizarse en los teléfonos 55 68 87 22 en la Ciudad de México y área metropolitana, y el 01 800 468 8722, sin costo en el resto del país, así como en las redes sociales @Profeco en Twitter y ProfecoOficial, en Facebook.
