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Carolina Gómez Mena
Ciudad de México. La Coordinadora Nacional Plan de Ayala- Movimiento Nacional (CNPA-MN) exigió “la renuncia inmediata del gobernador Silvano Aureoles Conejo”, tras el asesinato de tres indígenas en Michoacán, “resultado de la represión en la entidad en contra de quienes se oponen a los megaproyectos energéticos”.
La dirigencia nacional de la CNPA-MN, encabezada por Francisco Jimenez Pablo, demandó “castigo a los autores materiales e intelectuales de los asesinatos de los comuneros indígenas de Arantepakua, Nahuatzen, Michoacán”.
Además pidió la libertad inmediata de todos los comuneros indígenas y el respeto a esa comunidad, su territorio y sus recursos naturales.
Recordó que el pasado martes el gobierno de Michoacán “invadió la comunidad indígena de Arantepakua, municipio de Naguatzen para agredir a comuneros opositores quienes luchan contra la imposición de magaproyectos de empresas trasnacionales y sobre todo por la defensa de su territorio y sus recursos”.
La dirigencia nacional de la CNPA-MN recordó que “la detención por parte de la PGR de 38 comuneros se dio estando en un proceso de diálogo entre una comisión de comuneros con el subsecretario de gobierno, Armando Hurtado Arévalo”.
La CNPA-MN hizo un recuento de las detenciones en la entidad: “un comunero de Santa Fe la Laguna el 20 de noviembre de 2015; 12 comuneros de Cápacuaro el 17 de marzo de 2016; 13 comuneros de Calzontzin el 24 de febrero de 2017 no sin antes reprimir a dichas comunidades”.
Aparte, Rocío Miranda Pérez, presidenta de Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina (UFIC), criticó la capacitación hecha por la Secretaría de Desarrollo Rural, Territorial y Urbano (Sedatu), de 36 “mediadores energéticos” y pidió capacitar a campesinos e indígenas para que hagan ese papel ante la aplicación “acelerada de la reforma energética que ya impacta con hidroeléctricas, mineras y petroquímica a zonas ejidales y áreas naturales protegidas”.
Dijo que la capacitación hecha por la Sedatu de dichos mediadores energéticos fue para profesionistas “totalmente ajenos a la actividad agraria pues son abogados, ingenieros agrónomos, químicos e industriales, en Ciencias de la Comunicación, Relaciones Internacionales, Economistas, Administración de Empresas, Valuadores de Bienes y Seguridad Pública, y estos no responden a las necesidades, cultura y costumbres del medio rural”.
Recordó que ante “el inminente inicio de trabajos de empresas petroleras extranjeras y nacionales en busca de hidrocarburos en nuestro país y la incertidumbre generada con la reforma energética se tenía contemplada la defensa profesional con cuatro nuevas figuras como son: el testigo social, el valuador especializado en temas de energía, el mediador y el gestor ambiental, para otorgar asesoría experta en el proceso de inversión pero dichas figuras aún no operan”.
Mencionó que con la aprobación de la Ley de Hidrocarburos y las leyes de Inversión Extranjera, Minera y de Asociaciones Público Privadas, los 32 estados “están inmersos en las inversiones, por lo que un buen porcentaje de los 2 mil 500 municipios donde hay más de 31 mil núcleos agrarios son sensibles de explotación en la materia”.
En entrevista, sostuvo que las secretarías de la Función Pública, de Energía, Sedatu y Semarnat, están obligadas a impulsar al testigo social, al mediador y el gestor social pero éstos deben convivir en el núcleo agrario a fin de que conozcan la realidad económica, política, social, cultural y ambiental de la región.
Por ello, la ley establece que deberán capacitarse y certificarse “más de 150 testigos sociales y similar número de mediadores y gestores ambientales quienes podrán ofrecer sus conocimientos de manera libre tanto a los proyectos de inversión como a las dependencias federales antes citadas, siempre y cuando garanticen su certificación y actualización continua”.
