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José Antonio Román
Ciudad de México. Diversas organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos, así como integrantes de la academia exigieron al Congreso de la Unión detener las iniciativas de la Ley de Seguridad Interior y buscar medidas no militarizadas.
Además, reprocharon duramente la actuación del Legislativo, particularmente del Senado de la República, por llevar a cabo un proceso opaco, acelerado y cerrado a la participación social, con tal de aprobar lo más pronto posible dicha ley, que es exigida por las Fuerzas Armadas.
En conferencia de prensa, representantes de las organizaciones advirtieron al legalizar el uso de las fuerzas federales, especialmente militares, en tareas de seguridad pública reduce y desincentiva el fortalecimiento y profesionalización de las corporaciones policiales, quienes constitucionalmente debieran asumir dichas tareas.
De igual forma, señalaron que la Ley de Seguridad Interior representa una afrenta a las recomendaciones que diversos organismos internacionales han dado a México.
Entre las organizaciones que pidieron detener este proceso están Amnistía internacional, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Fundar, la Fundación para la Justicia y Estado Democrático de Derecho, Cauce Ciudadano, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHyD), y los centros de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y Miguel Agustín Pro Juárez, entre otros.
