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Exoneran a alcalde que usó cuotas de burócratas para su administración en BC

Antonio Heras, corresponsal

Mexicali, BC. El ex alcalde priísta Francisco Pérez Tejada Padilla y su tesorero José Fernando Martín del Campo fueron exonerados de los cargos a los que estaban vinculados a proceso penal por no pagar a Issstecali las cuotas de los trabajadores sindicalizados que el gobierno municipal les descontó catorcenalmente de su salario durante tres años.

También incumplieron con pagar a este organismo de seguridad social los descuentos a los burócratas que cubrieron deudas de préstamos a corto plazo e hipotecarios.

El incumplimiento de pago al Issstecali alcanzó los 660 millones de peso pero los recargos llegaron a los 950 millones de pesos del gobierno municipal durante ese trienio.

El Poder Judicial de la Federación, primero ya que los protegió vía amparos durante tres años, y después el Tribunal de Justicia de Baja California los absolvieron al señalar que en la ley hay una exclusión del delito de abuso de autoridad cuando la decisión es usar esos recursos para fines superiores como, en este caso, el pago de salarios, alumbrado público, equipamiento, mantenimiento y servicios básicos de limpia, recolección de basura.

La jueza del Sistema de Justicia Oral de Baja California, Ana María Elías González, sostuvo que existe una justificación en no pagar las cuotas en razón  de que no había dinero ya que tan solo en 2014 se contó con un presupuesto de 2 mil 567 millones de pesos y se erogaron 2 mil 800 millones de pesos. Aunque ese año correspondió a la siguiente administración, la del panista Jaime Díaz Ochoa.

Cada catorcena los tres mil burócratas pagaron, vía descuento de nómina, los servicios de seguridad social y jubilación pero Perez Tejada lejos de enterarlos a esa entidad publica los usó para gasto corriente de su administración.

La ahora diputada Victoria Bentley como burócrata, y el sindico Procurador Humberto Zúñiga del gobierno posterior presentaron denuncias penales contra el priísta en 2014 por peculado, colisión de autoridades y abuso de autoridad, pero solo por este último delito se le vinculó a proceso al ex alcalde.

La jueza Elías González hizo una reseña de todos los procesos de este caso,  mientras Pérez Tejada mantuvo una sonrisa que apuntaba que la sentencia del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Distrito del Poder Judicial de la Federación le fue favorable para cerrar su expediente con la absolución de los cargos.

Con la ejecutoria de amparo 690/2016 bajo el brazo, los imputados no mediaron una palabra con la jueza, pues todo estaba dicho en la decisión tomada por los magistrados del Tribunal Colegiado, en representantes legales de los ex funcionarios priistas respaldaron sus argumentos con el artículo 23 del Código Penal de Baja California, que contempla las causas excluyentes del delito.

Pérez Tejada y Martín del Campo aceptaron que incumplieron con entregar las cuotas que descontaban de los salarios de los 3 mil 200 trabajadores sindicalizados para el seguro social de Issstecali, es decir para asegurar su jubilación y servicios médicos.

Sin embargo adujeron que no tenían los recursos suficientes para solventar los gastos propios de la administración pública, como son salarios, equipamiento, mantenimiento y brindar los servicios básicos de limpia, recolección de basura y alumbrado público.

Reiteraron que no desviaron recursos hacia cuentas personales, simplemente emplearon ese dinero para otro destino que no era el que correspondía por ley.

La jueza Ana María Elías apoyó la interpretación al Código Penal que hicieron los magistrados que concedieron el amparo a Pérez Tejada, al señalar que la retención de las cuotas de los trabajadores tiene una causa justificada y su uso para otros fines, por lo cual la hipótesis de exclusión del delito tiene cabida en este caso.

“El alcalde y tesorero tienen la facultad y obligación para decidir cuáles son los gastos prioritarios que la administración pública demanda, son las personas que deciden la forma de administrar los recursos del Ayuntamiento y tienen la obligación del ejercer el gasto público y tener las finanzas sanas”, puntualizó.

Recordó que tres peritos fiscales que se presentaron durante la audiencia de vinculación a proceso concluyeron que había déficit presupuestal en la administración pública de Mexicali porque eran mayores los ingresos que los egresos y que no existía “un manual que indicara que gastos resultan prioritarios”.

Sin embargo dijo que uno de los peritos también concluyó que hubo mal manejo presupuestal por parte del presidente municipal y tesorero.

Al final, la jueza reculó de su ultima resolución en noviembre del 2016 al determinar que si retuvieron u omitieron el pago de las cuotas patronales no es vinculante a proceso porque se actualizaron pruebas ante el Poder Judicial de la Federación, por lo cual resolvió que los imputados actuaron “en cumplimiento del deber jurídico”.

“Aún cuando se retrasó el pago, resulta ser una conducta típica (tipificada como delito) pero no resultó una acción antijurídica”, expresó para exonerar del cargo de abuso de autoridad a Francisco Pérez Tejada Padilla.

“Esto se acabó”, exclamó el empresario priísta mexicalense mientras abandonaba la sala del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Su abogados ya ni siquiera cargaban expedientes ni pruebas, pues desde una semana anterior había sido declarado en libertad sin ningún procedimiento judicial en su contra.