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Gobierno de Guerrero quiere justificar violencia: CRAC

Los cuerpos de dos integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias yacen dentro de una vivienda luego de los enfrentamientos entre esa corporación con pobladores y policías estatales en el poblado de La Concepción, municipio de Acapulco, Guerrero. Foto: Afp

Héctor Briseño

Acapulco, Gro. La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC) de la Montaña y Costa Chica del estado de Guerrero acusó al gobierno estatal de intentar justificar los hechos ocurridos el domingo pasado en que murieron cinco policías comunitarios en el poblado de La Concepción, en la zona rural de Acapulco, y seis civiles más, a través de señalamientos falsos en contra de la organización comunitaria.

El pasado domingo, en operativo efectuado en el poblado de La Concepción, policías estatales, ministeriales y Ejército Mexicano detuvieron a 38 personas, luego de recibir el reporte de una balacera ocurrida alrededor de las tres de la mañana en que murieron seis civiles y dos policías comunitarios. La intervención de las fuerzas de seguridad provocó un nuevo enfrentamiento alrededor de las 11:30 horas, en que fueron abatidos tres comunitarios más, para un saldo total de 11 personas muertas.

Por medio de un comunicado emitido la noche del lunes, la CRAC-PC, fechado en San Luis Acatlán, donde se encuentra la casa matriz del sistema comunitario, acusó que el gobierno del estado demuestra así su falta de escrúpulos al encarcelar a inocentes, en operativo que tuvo el objetivo de liberar a un sujeto que opera como agente infiltrado del gobierno para causar división en el sistema comunitario.

La CRAC-PC advirtió que precisamente el día que se dio la incursión policíaca a La Concepción, se había previsto el traslado de dicha persona a la Casa de Justicia de San Luis Acatlán; sin embargo, el gobierno -valiéndose de sus policías- logró liberarlo.

De hecho, el domingo fueron citados medios de comunicación a las 12 horas en La Concepción para presentar a dicho detenido.

Los coordinadores, consejeros y comandantes regionales del Sistema Comunitario de la CRAC-PC cuestionaron los señalamientos del gobierno estatal, el cual ha acusado a policías comunitarios de poseer armas de alto poder.

También cuestionaron por qué la autoridad estatal no actuó de la misma forma en otros crímenes cometidos en los bienes comunales de Cacahuatepec.

“Una vez más el Estado muestra su efectividad represora contra el pueblo, como no lo hace contra la delincuencia como debiera. Y es precisamente porque el Estado es ahora el protector y parte de la misma delincuencia”, refiere el escrito.

La CRAC-PC señaló que “la incursión violenta de las policías estatales y ministeriales, así como del Ejército y la Marina a la comunidad de La Concepción, asesinando a cinco y deteniendo a más de 30 de nuestros compañeros policías comunitarios, consejeros y autoridades nos confirma que fue para rescatar a Iván Soriano Leal, quien se ostenta como militar retirado y que ha sido agente del gobierno para provocar y generar represión contra nuestro sistema comunitario”.

Los comunitarios expresaron que Iván Soriano Leal, quien también se presenta con otros nombres, fue detenido en días recientes en La Concepción por policías comunitarios de ese Comité de Enlace, acusado de ser parte de un grupo armado contratado para asesinar al compañero Marco Antonio Suastegui, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, y a algunos compañeros de la policía comunitaria.

Se agrega que “es el mismo personaje con quien se alió en 2013 el nefasto Eliseo Villar Castillo, ex coordinador de la CRAC en San Luis Acatlán, para cometer un fraude a la organización y que derivó en una grave crisis interna en la CRAC, al inmiscuirse el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero a favor de Eliseo Villar y sus cómplices”.

El comunicado refiere que “las declaraciones oficiales del vocero de seguridad, Roberto Álvarez Heredia, así como las del gobernador Héctor Astudillo Flores, con las que pretenden justificar este acto de barbarie genocida son totalmente falsas, cínicas y demuestran su total ausencia de escrúpulos y de moral para ordenar la muerte y el encarcelamiento de gente inocente”; y cuestionan: ¿Qué armas de alto poder porta nuestra policía comunitaria?, ¿Quieren engañar a la población con su viejo truco de sembrar droga en los detenidos?”.

La CRAC señaló que “esto que ocurre nos confirma el modo en que comienzan a operar las fuerzas policíacas y militares con la anuencia de todos los poderes públicos que han llevado a efecto, la inconstitucional y fascista Ley de Seguridad Interior, para brindar total impunidad a los asesinos que se encubren como servidores públicos”.

Añade que “lejos de avanzar en la armonización de los sistemas jurisdiccionales oficial y comunitario, tal como lo propusimos en nuestra iniciativa de reforma integral a la Constitución Política del Estado en materia de derechos indígenas, congelando nuestra iniciativa en el Congreso local por la mayoría de diputados priístas, el gobierno del estado muestra su verdadero rostro y su intención, asesinando y encarcelando a nuestras autoridades y policías comunitarios”.

“Hoy queda más claro que nunca la distinción que el gobierno hace de nuestro Sistema Comunitario. Hoy que arremete con exceso de fuerza contra nuestros compañeros comunitarios, acusándonos falsamente de portar armas de alto poder y de posesión de drogas, asesinando y encarcelando, por rescatar a un agente paramilitar a su servicio”.

También cuestionan: ¿por qué no actuó el gobierno con tal firmeza cuando se asesinó a toda una familia de inocentes en San Pedro Cacahuatepec teniendo tantas evidencias para hacerlo? ¿A cambio de qué se dejó libres a esos asesinos?”.

La CRAC-PC acusó de la agresión de su sistema comunitario a Pedro Almazán Cervantes, secretario de seguridad pública; Xavier Olea Peláez, fiscal general del estado de Guerrero; y Héctor Astudillo Flores, gobernador del estado.

Los coordinadores comunitarios pidieron la intervención de organismos de derechos humanos, de la Comisión Estatal y la Nacional de Derechos Humanos para integrar las investigaciones correspondientes de lo ocurrido el domingo pasado donde, subrayaron, ocurrió una violación flagrante a la Ley 701 de reconocimiento, derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas de Guerrero.

La carta es firmada por los coordinadores, consejeros y comandantes regionales del Sistema Comunitario de la CRAC PC, de las Casas de Justicia: Matriz de San Luis Acatlán, Espino Blanco, Zitlaltepec, El Paraíso; así como los comités de enlace de Tecoanapa, Tixtla, Cacahuatepec, Huamuxtitlan, Chilixtlahuaca, Dos Ríos, Comunidades de la Región Amuzga.

COORDINADORA REGIONAL DE AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LA MONTAÑA Y COSTA CHICA DE GUERRERO COMITÉ EJECUTIVO DE LA POLICIA COMUNITARIA COMUNICADO DE PRENSA

San Luis Acatlán, Gro. Territorio Comunitario. Enero 8 de 2018.

A los pueblos y comunidades del Sistema Comunitario de la CRAC PC.

Al pueblo en general.

A los medios de comunicación.

A las organizaciones fraternas.

Una vez más el Estado muestra su efectividad represora contra el pueblo, como no lo hace contra la delincuencia como debiera. Y es precisamente porque el Estado es ahora el protector y parte de la misma delincuencia.

La incursión violenta de las policías estatales y ministeriales, así como del Ejército y la Marina a la comunidad de La Concepción, asesinando a 5 y deteniendo a más de 30 de nuestros compañeros policías comunitarios, consejeros y autoridades, nos confirma que fue para rescatar a Iván Soriano Leal, quien se ostenta como militar retirado y que ha sido agente del gobierno para provocar y generar represión contra nuestro Sistema Comunitario.

Iván Soriano Leal, quien también se presenta con otros nombres, fue detenido en días recientes en La Concepción, por policías comunitarios de ese Comité de Enlace, acusado de ser parte de un grupo armado contratado para asesinar al compañero Marco Antonio Suastegui, vocero del CECOP y a algunos compañeros de la policía comunitaria. Es el mismo personaje con quien se alió en 2013 el nefasto Eliseo Villar Castillo, ex coordinador de la CRAC en San Luis Acatlán, para cometer un fraude a la organización y que derivó en una grave crisis interna en la CRAC, al inmiscuirse el gobierno de Angel Aguirre Rivero a favor de Eliseo Villar y sus cómplices.

Precisamente el día que se da la incursión policíaca a La Concepción, se había previsto el traslado de dicho delincuente a la Casa de Justicia de San Luis Acatlán; sin embargo, el gobierno valiéndose de sus policías lograron liberarlo.

Las declaraciones oficiales del vocero de seguridad Álvarez Heredia, así como las del Gobernador Héctor Astudillo, con las que pretenden justificar este acto de barbarie genocida, son totalmente falsas, cínicas y demuestran su total ausencia de escrúpulos y de moral para ordenar la muerte y el encarcelamiento de gente inocente. Qué armas de alto poder porta nuestra policía comunitaria? Quieren engañar a la población con su viejo truco de sembrar droga en los detenidos?

Esto que ocurre nos confirma el modo en que comienzan a operar las fuerzas policíacas y militares con la anuencia de todos los poderes públicos que han llevado a efecto, la inconstitucional y fascista Ley de Seguridad Interior, para brindar total impunidad a los asesinos que se encubren como servidores públicos.

Lejos de avanzar en la armonización de los sistemas jurisdiccionales oficial y comunitario, tal como lo propusimos en nuestra Iniciativa de Reforma Integral a la Constitución Política del Estado en materia de derechos indígenas, congelando nuestra iniciativa en el Congreso Local por la mayoría de diputados priistas, el gobierno del estado muestra su verdadero rostro y su intención, asesinando y encarcelando a nuestras autoridades y policías comunitarios.

Hoy queda más claro que nunca, la distinción que el gobierno hace de nuestro Sistema Comunitario. Hoy que arremete con exceso de fuerza contra nuestros compañeros comunitarios, acusándonos falsamente de portar armas de alto poder y de posesión de drogas, asesinando y encarcelando, por rescatar a un agente paramilitar a su servicio; nos preguntamos, ¿porque no actúo el gobierno con tal firmeza cuando se asesinó a toda una familia de inocentes en San Pedro Cacahuatepec, teniendo tantas evidencias para hacerlo? ¿A cambio de que se dejó libres a esos asesinos?.

La agresión a nuestro Sistema Comunitario, tiene responsables: el General Pedro Almazán Cervantes, secretario de seguridad pública; Javier Olea Peláez, fiscal general del estado y Héctor Astudillo Flores, gobernador del estado, son los autores intelectuales y autoridades que dieron la orden a sus subordinados para cometer tal acto de salvajismo y lesa humanidad. Por ello, exigimos su renuncia y llamamos a las organizaciones y movimientos sociales, a los estudiantes, maestros, etc., a unificarnos en esta exigencia y defendernos de esta clase política asesina.

Estos lamentables hechos deben servir al pueblo para hacer análisis y reflexionar, precisamente en este año electoral, si queremos mantener en el poder a un gobierno que asesina, que encarcela, que defiende y es parte de la delincuencia, que crea leyes en perjuicio del pueblo, que niega toda oportunidad de desarrollo a la gente.

Llamamos a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos a acompañarnos e intervenir para la documentación y denuncia a nivel internacional de estos hechos que lastiman, no solo a nuestro sistema comunitario, sino al pueblo de Guerrero y de México.

Pedimos la intervención de la Comisión Estatal y la Nacional de Derechos Humanos, para integrar las investigaciones correspondientes por las ejecuciones extrajudiciales de nuestros compañeros, por la violación flagrante a los derechos colectivos de los pueblos organizados en el sistema comunitario, por la violación flagrante a la ley 701 de reconocimiento, derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas de Guerrero.

Exigimos la intervención del Congreso del Estado a través de las comisiones de asuntos indígenas, de seguridad, de justicia y de derechos humanos, para documentar la actuación de los agentes policíacos y sus jefes que dieron la orden de asesinar y detener a servidores comunitarios que estaban cumpliendo cabalmente con sus funciones de seguridad y justicia en favor de sus comunidades.

Exigimos la libertad inmediata de todos nuestros compañeros detenidos. Exigimos el castigo a los responsables de las ejecuciones extrajudiciales de nuestros compañeros policías comunitarios.

Exigimos la salida del ejército y la marina, así como de las policías estatal y ministerial del territorio comunitario. Exigimos la renuncia inmediata de Pedro Almazán Cervantes, Javier Olea Peláez y Héctor Astudillo Flores, culpables y responsables de tanta muerte e injusticia en nuestro estado de Guerrero.

“EL RESPETO A NUESTROS DERECHOS, SERA JUSTICIA”.

Coordinadores, Consejeros y Comandantes Regionales del Sistema Comunitario de la CRAC PC.

Casas de Justicia: Matriz de San Luis Acatlán, Espino Blanco, Zitlaltepec, El Paraíso.

Comités de Enlace: Tecoanapa, Tixtla, Cacahuatepec, Huamuxtitlan, Chilixtlahuaca, Dos Ríos, Comunidades de la Región Amuzga.

JSL
JSL