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Notimex
Ciudad de México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reconoció la independencia del juez de Distrito en San Antonio, Orlando García, quien resolvió la no aplicación de algunos apartados de la Ley SB04 que entrarían en vigor el 1 de septiembre, debido a su oposición a una serie de enmiendas de la Constitución estadunidense.
El ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, expresó su reconocimiento al juez por la independencia con que se condujo, así como a la sociedad civil organizada por su valentía y respeto a las leyes estadunidenses.
González Perez dijo que la sentencia aún no es definitiva y la controversia contra esa ley puede llegar incluso a la suprema corte de ese país, ante lo cual subrayó que dicho ordenamiento debe ser declarado inválido.
Destacó que, en todo caso, “ahí estará la comisión nacional para interponer otros recursos y trámites jurídicos por considerar que ésta fomenta la discriminación e intolerancia”.
Así, las personas migrangtes no podrán ser detenidas por percepción, como consecuencia de su perfil racial, apariencia, acento, ascendencia o lenguaje, ya que los términos y facultades otorgadas en esa ley abrían la posibilidad de una aplicación basada en señalamiento o estigmatización.
Lo anterior, “provocando eventuales deportaciones y separaciones familiares que dejarían en soledad y desamparo a niñas, niños y adolescentes”, informó en un comunicado.
A mediados de agosto pasado, la CNDH presentó ante el juez Orlando García un Amicus Curiae, con el propósito de proporcionar argumentos adicionales que demostraran la inconstitucionalidad de la mencionada Ley.
Resalta que ésta es la primera ocasión en que la comisión acude ante un Estado.
Se expuso que la vaguedad de los términos de la norma impugnada permitía que la autoridad la aplicara en forma arbitraria y discriminatoria.
También, porque las detenciones que se realizarían con fundamento en la Ley SB04 no estarían sustentadas en una sospecha objetiva y razonable, en violación de la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que consagra el derecho a no ser sujeto de detenciones arbitrarias.
La CNDH argumentó también que este precepto legal podría violar el derecho a la libertad de expresión de las universidades de Texas, al obligar que sus policías la aplicaran aun en contra de sus principios éticos determinados en el ejercicio de su autonomía universitaria.
O bien, en el caso de instituciones de educación superior de inspiración religiosa, esa ley viola su libertad al obligarlas a actuar en contra de sus creencias y principios, como la protección de minorías y la prohibición de discriminación.
Al recurso se sumaron otras acciones, ya que personal de la CNDH tuvo capacitación y asesoría de abogados estadounidenses expertos, y consideró que esta resolución es un buen paso entre las grandes dificultades que se enfrentan para defender la dignidad de los migrantes, no sólo mexicanos sino de todo el mundo que viven en Estados Unidos.
González Pérez refrendó el compromiso de la CNDH con los migrantes radicados en Estados Unidos, y convoca a decir ‘no a los muros que separan’ y a rechazar los discursos de odio, el racismo y la xenofobia que tanto daño hacen a la humanidad.
Resaltó que el organismo que preside continuará promoviendo la protección y defensa de los derechos humanos de la comunidad migrante de origen mexicano que reside en Estados Unidos.
