La ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales, ganó de nuevo el juicio en contra del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que la obligaba al pago de impuestos sobre la renta, recargos y multas por 16 millones 174 mil pesos correspondientes al ejercicio fiscal 2010.
Originalmente y respecto de este caso, Gordillo Morales ganó un juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) el 13 de enero de 2021, mismo que fue impugnado por el SAT ante un tribunal del Poder Judicial, pero este miércoles los magistrados volvieron a fallar en favor de la ex dirigente sindical.
La razón por la que la maestra ganó su caso es porque probó que el SAT violó su derecho de audiencia, ya que al ser acusada de no presentar pruebas documentales a su favor se encontraba privada de su libertad.
Por ello, este miércoles por unanimidad de 10 votos la primera sala del TFJA resolvió que Elba Esther Gordillo “acreditó parcialmente los extremos de su pretensión” y declaró la nulidad de las resoluciones impugnadas por la autoridad recaudadora de impuestos.
En enero del año pasado, la sala declaró fundados los argumentos de la ex lideresa del magisterio quien en su momento señaló que la autoridad fiscalizadora “violentó su garantía de audiencia y su derecho humano de acceso a la justicia”, ya que no obtuvo la posibilidad de ejercer de manera efectiva su garantía de audiencia debido a que se encontraba privada de la libertad durante el periodo en el que tenía que comprobar sus impuestos.
En la ponencia de aquella ocasión, la magistrada Nora Elizabeth Urby Geel, señaló que “dicho acontecimiento, propició que se encontrara disminuida de su capacidad para recabar y presentar ante la autoridad fiscal los documentos, libros o registros que desvirtuaran los hechos u omisiones asentados en el oficio de observaciones que se debió conocer el 27 de octubre de 2015, situación que no fue considerada por la autoridad al emitir el crédito fiscal respectivo”.
Asimismo, la magistrada dijo que debido a que Elba Esther Gordillo ya no tenía el cargo de presidenta vitalicia del SNTE, y que se encontraba privada de la libertad constituyeron “un obstáculo real” que le impidió obtener la documentación comprobatoria que requería para su defensa.
