La Comisión Nacional del Agua (Conagua) reconoció que hay una sobreconcesión de derechos del líquido en México, debido a que con la actual Ley de Aguas Nacionales se han otorgado 517 mil licencias. De este volumen el 70 por ciento está en manos de sólo 2 por ciento de los permisionarios.
Elena Burns, subdirectora general de Administración del Agua de la dependencia, señaló que en el país hay una crisis de equidad en todas las áreas metropolitanas y en los municipios ya que el acceso al líquido “fluye hacia el poder económico, es decir hacia las zonas residenciales e industriales, mientras las zonas populares y marginales se quedan a la deriva”.
En el Foro Internacional del Agua, recordó que desde la publicación de la Constitución de 1917 a 1992 sólo se otorgaron 2 mil concesiones. Sin embargo a partir de ese último año, bajo la aún vigente Ley de Aguas Nacionales “se han otorgado a la fecha 517 mil concesiones”.
La mayoría de estas se dieron antes de realizar los estudios de disponibilidad, de tal manera que ya una vez que se revisaron los permisos, “ya se habían sobrepasado”. Se tiene registro de 115 acuíferos y 69 cuencas sobreconcesionados, subrayó.
La funcionaria hizo notar que la legislación vigente dejó a los estados la organización de los servicios de agua. Ello provocó que los servicios se otorguen “bajo procesos de corrupción”, afectando a los usuarios con tarifas “altas y arbitrarias” y con la sobreexplotación de acuíferos.
Víctor Suárez Carrera, subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), aseveró que la actual Ley de Aguas Nacionales impulsó la mercantilización del agua y aceleró los procesos de acaparamiento de las concesiones, provocando que el líquido esté en pocas manos, lo que consideró como el “neolatifundismo del siglo XXI”.
Ello tuvo como consecuencia que “el agua se configurara como un recurso para la desigualdad, depredación ambiental, dependencia alimentaria, el deterioro de la salud” y se generó una corrupción sistémica en el sector.
Por ello –al igual que Burns– el subsecretario de Agricultura coincidió en señalar la necesidad de contar con una nueva legislación en la materia. Consideró que “la iniciativa ciudadana de Agua para Todos, Agua para la Vida se ha construido de manera plural y contiene la base de una nueva política del agua” que garantiza el derecho humano al líquido y así avanzar en la soberanía alimentaria y derecho a la alimentación”.
Por su parte, Pedro Arrojo Agudo, relato especial para los Derechos Humanos al Agua Potable al Saneamiento de la ONU, consideró que “será imposible cumplir con el acceso al agua potable, si no avanzamos en recuperar el buen estado los ecosistemas acuáticos”, ya que 2 mil 200 millones de personas no tienen acceso al agua potable, no por problemas de escasez, sino porque el agua de la que dispondrían está contaminada. (Jared Laureles C.)
