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Impacta robo de combustible a poblado de Hidalgo

Imagen de otro poblado en Hidalgo, Teocalco, donde se registró una nueva fuga de combustible. Foto: tomada del Twitter @PONCHO_LOPEZ_S

Xinhua 

Hidalgo.  Hace tres años los agricultores del poblado mexicano de Santa Ana Ahuehuepan juntaban sin dificultad manos para trabajar los campos de maíz o frijol, pero ahora se dicen frustrados porque hay menos gente interesada en limpiar o regar cultivos.

En esta pequeña comunidad campesina localizada en el estado de Hidalgo (centro), las personas se quejan de que tampoco es fácil contratar albañiles y que deber ir a otros pueblos para conseguir trabajadores que reparen sus casas.

Vincente, un comerciante de 45 años, explicó que la falta de campesinos u obreros en el poblado, perteneciente al municipio de Tula, se debe a que muchas de esas familias ahora viven del robo de combustibles en un ducto de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

«Por mucho tiempo la gente se dedicaba al campo o la albañilería, pero ya no encuentras personas para trabajar», lamentó Vicente. Hidalgo escaló en 2018 como el estado donde los criminales hacen más perforaciones a ductos de Pemex para extraer combustibles, un delito que produce millonarias pérdidas para el Estado y al cual declaró un combate el nuevo gobierno mexicano apenas comenzó funciones en diciembre pasado.

Las tomas clandestinas crecieron 500 por ciento en Hidalgo de 2016 a 2018, año en que se detectaron 2.121, informó esta semana Pemex. Casi la cuarta parte de las perforaciones de ductos hechas en Hidalgo en 2018 se realizaron en Tula, con un total de 479, razón por la cual las autoridades locales catalogan a Santa Ana Ahuehuepan como foco rojo de robo y ejemplo de los problemas que el delito engloba.

Para Vincente, el «huachicoleo», como se le llama a ese ilícito en México, cambió la vida del poblado porque se enraizó entre los habitantes sin que él encuentre una mejor explicación que una degradación social. Mencionó que criminales que operaban en otros estados llegaron a la comunidad para aprovechar el ducto entre las refinerías de Pemex en Tula y Salamanca, que atraviesa los extensos campos de cultivo.

Los pobladores se involucraron con los delincuentes y extraen combustibles que almacenan en sus casas para venderlos al menudeo, negocio en el que asegura que participan familias enteras, con abuelos y niños incluidos. «Como la mayoría de la gente está metida en eso uno se da cuenta cómo es. Todo mundo sabe quién tiene, cómo vende, dónde vende», afirmó.

Los habitantes compran la gasolina robada para sus autos, ya que los ladrones venden el litro a 10 pesos (52 centavos de dólar), casi la mitad del valor de 19 pesos (1 dólar) que en promedio cuesta en las estaciones despachadoras. La gente se implicó o solapa el ilícito porque representa un mayor y rápido ingreso con respecto al que obtienen en el campo o empleándose en la cercana refinería de Tula, mientras que otros se benefician de su menor precio de venta.

Santa Ana Ahuehuepan también es una comunidad de la cual emigraban sus habitantes hacia Estados Unidos, pero ahora los adolescentes que terminan sus estudios básicos cambian el «sueño americano» para enrolarse en el robo, venta o al menos en la función de vigía.

«La gente de aquí ve esa actividad como algo bien, se encomiendan para que Dios no les quite este medio. Llegar al punto de poner a Dios para que esto no se acabe no es lógico, es grave», declaró el comerciante. La comunidad se ubica a 20 kilómetros del poblado de Tlahuelilpan, donde el pasado 18 de enero explotó una fuga de gasolina en un ducto provocada por ladrones, cuando una multitud recopilaba el combustible.

El estallido acumulaba hasta este sábado un saldo de 114 personas muertas, sin embargo, cuatro días después se registró en Santa Ana Ahuehuepan otra perforación y fuga de combustible. Policías y soldados atienden por semana hasta cuatro reportes de vehículos cargados con combustible robado o de hombres sospechosos merodeando el ducto en Santa Ana Ahuehuepan, dijo a Xinhua el jefe de la Policía de Tula, Fermín Hernández.

Indicó que ellos como policías de Tula sólo prestan apoyo a Pemex, porque el ilícito es del orden federal y no les corresponde indagarlo, pero subrayó que atienden los llamados con un número suficiente de uniformados. En ocasiones anteriores se reportaron agresiones de pobladores contra los oficiales, e incluso en una ocasión un grupo de mujeres y niños incendiaron su vehículo con hidrocarburo hurtado para impedir el decomiso, explicó.

El pasado 13 de enero, habitantes de la comunidad retuvieron por horas a soldados que incursionaron en tareas contra el «huachicoleo» y que se enfrentaron a tiros con presuntos ladrones. A pregunta expresa, Hernández respondió que sí perciben que los delincuentes usan a los habitantes como escudo contra las acciones de las autoridades, aunque aclaró que esa base social no abarca al pueblo entero.

«Coincido con los comentarios de que ya está teniendo un tinte de problema social, antes muchos de los jóvenes migraban hacia los Estados Unidos. Ahora ya no se van, ahora algunos se han visto involucrados en este delito», enfatizó.

El jefe de la Policía dijo que el ilícito detona el robo de vehículos, uso de armas de fuego y asesinatos en la zona, además de que él ha notado un mayor consumo de alcohol y drogas. «Santa Ana era muy trabajador y ahora ya nos dicen pueblo sin ley», se queja Miguel, un campesino de 75 años.

Mientras descansa, el anciano recuerda que años atrás era fácil reunir a 200 personas para las cosechas de frijol, pero ahora cada vez menos se emplean en el campo porque prefieren el negocio ilegal. Los compradores recorren 96 kilómetros de distancia desde la Ciudad de México para llenar bidones de gasolina robada, comentó el campesino, añadiendo que los ladrones reparten el dinero a sus padres o abuelos para aquietarlos.

«Nadie se metía, pero llegaron señores que no eran de por aquí, comenzaron a picar los tubos y de ahí se siguieron todos», relató Miguel.

Tras el fatal estallido en Tlahuelilpan, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció un plan para atender a 1,6 millones de personas que viven cerca de ductos a lo largo del país con el objetivo de que abandonen el robo de combustible.

El gobierno entregará becas a estudiantes, ancianos y discapacitados; recursos y apoyos a campesinos, así como créditos a comerciantes, con el fin de crearles opciones productivas, de estudio y empleo. «Los vamos a apoyar, no los condenamos. Entendemos por qué tuvieron que meterse a esas actividades», declaró López Obrador el jueves pasado.

Para el consultor en seguridad, Carlos Mendoza, el programa de respuesta es acertado, pero debe ser acompañado de acciones permanentes en comunidades como Santa Ana Ahuehuepan para que la población perciba una presencia del Estado. Como en otros lugares donde existen cárteles de la droga o mafias, los criminales se ganan apoyo social porque reparten beneficios que contrastan con una tolerancia o ausencia de medidas gubernamentales, señaló.

El experto dijo a Xinhua que, a la par de un despliegue de acciones en educación, cultura y salud, se requiere ampliar la infraestructura y arrestar a los líderes delictivos mediante operaciones policiales focalizadas. «Si únicamente se dejan los beneficios, se instalan las semillas o se entra con la fuerza, se provoca un ‘efecto globo’, un ‘efecto chipote’, en el que sale un ‘chipote’ (chichón) en el globo, se aprieta pero va a salir por otro lado», añadió.

JSL
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