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Inai ordena a ASF publicar información sobre 744 denuncias

Oficinas del Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en la Ciudad de México. Foto Cristina Rodríguez / Archivo

Alonso Urrutia

Por unanimidad, el pleno del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información ordenó a la Auditoría Superior de la Federación hacer pública la información sobre las 744 denuncias penales que ha presentado ante la Procuraduría General de la República con un desglose de: número de averiguación previa; el año de la cuenta pública; clave de la auditoría que hizo la ASF; entidad fiscalizada, fecha de presentación, monto económico del daño al erario, delitos denunciados, irregularidad detectada y estado que guarda la denuncia.

Con ello, el INAI revocó la respuesta de confidencialidad que hiciera la ASF al argumentar que entregar esta información desglosada podría afectar la procuración de justicia en detrimento del objetivo que se pretende alcanzar de combatir la corrupción. Sin embargo, en consideración del comisionado ponente, Joel Salas, “debe privilegiarse la utilidad de la información pública como un insumo fundamental para que la ciudadanía conozca cómo se administran los recursos públicos, si se identificaron irregularidades, y se investiga y sanciona efectivamente a los responsables”.

Salas refirió que la ASF solamente entregó un vínculo electrónico al listado de denuncias penales presentadas, en donde solo se hace referencia a la fecha de presentación, entidad fiscalizada y año de la presentación. El comisionado destacó que esta información no contiene lo que no da cuenta cabal del desglose que está requiriendo el particular.

“La información proporcionada no corresponde con lo requerido, la auditoría cuenta con otras expresiones documentales, a partir de las cuales puede recabar los datos solicitados. Por ejemplo, sus propios informes de la cuenta pública, así como los escritos de denuncia que obran en los expedientes derivados de las diligencias probatorias necesarias para el esclarecimiento de los hechos”

Al abundar, Salas refirió que Algunas de éstas se relacionan con posibles actos de corrupción, afectaciones al erario público para beneficiar intereses propios o privados cometidos por gobiernos estatales; irregularidades en recursos públicos que estaban destinados a ciertos fines y el Gobierno estatal los utilizó para otros; simulación de la solventación de las irregularidades detectadas por la autoridad sin que se acreditara el destino final de dichos recursos; la simulación provoca que no se ejerzan atribuciones de la autoridad, entre ellas, de carácter administrativo o resarcitorio y subsistencia de los daños determinados originalmente por la autoridad.

Citó algunos datos sobre los alcances que ha tenido hasta ahora la actuación penal de la ASF: “El sujeto obligado ha interpuesto de 1998 a enero de este año, 741 denuncias por irregularidades en la Administración Pública federal, las cuales representan un monto de 41 mil 977 millones 919 mil 408 pesos. De éstas, 636, se encuentran en integración ante el Ministerio Público, 18 en amparo y sólo 25 consignadas o en las cuales se ejerció acción penal.

Subrayó que estas 25 denuncias consignadas, apenas corresponden al 3.3 por ciento del total presentado ante el Ministerio Público. “Algunas de estas denuncias han servido para investigar posibles delitos de corrupción que hoy sacuden a la opinión pública nacional”, por lo que propuso y, así fue avalado, se ordenó a la ASF la apertura de la información.