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Jesús Aranda
Ciudad de México. Sin desconocer del derecho humano de acceso al agua, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la inconstitucionalidad diversos artículos de la legislación de Aguascalientes que exentaban del pago de derecho por servicio de agua potable y alcantarillado a las escuelas y hospitales públicos.
También anuló la disposición de reducir a 200 litros del líquido por día a aquellas personas que dejen de pagar por tres ocasiones consecutivas, en lugar de suspender el servicio.
La decisión, que sólo es aplicable al municipio de Jesús María, fue declarada ilegítima porque daba a entender que todos los que no pagaran pertenecían automáticamente a grupos “vulnerables” con derecho a recibir subsidios para el pago del líquido.
La mayoría consideró que los artículos 96, párrafo cuarto y 104 párrafos primero en su segunda parte y segundo de la Ley de Agua de esa entidad son contrarios a la carta magna al exentar del pago a las escuelas y hospitales públicos, porque ello afecta directamente a la hacienda municipal.
El pleno estableció que si bien, el acceso al agua es un derecho humano, ello no implica que tenga que ser gratuito; además de que no es el municipio el obligado a prestar el servicio sino, en la entidad estatal encargada de ello.
Los ministros cuestionaron que la disposición de que los deudores que no paguen en tres ocasiones consecutivas tengan acceso a 200 litros al día, hasta que se cubra el adeudo, es “ridícula”, porque no satisfacen las necesidades mínimos del líquido.
En todo caso, los ministros señalaron que existen mecanismos oficiales para que las personas que estén en situación de vulnerabilidad reciban el apoyo necesario para cubrir sus adeudos, pero que la disposición no puede ser indiscriminada para cualquier deudor.
